Además, como parte de sus procedimientos de infracción del mes de febrero, Bruselas ha dado un ultimátum a España por no aplicar la normativa comunitaria para acelerar la concesión de permisos de renovables.
Concretamente, el Ejecutivo comunitario ha informado este miércoles de que llevará a España, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Austria, Bulgaria y Hungría ante la Justicia europea por no aplicar la normativa comunitaria de préstamos dudosos. La directiva, adoptada en 2021, pretende fomentar el desarrollo de un mercado secundario de préstamos fallidos que funcione correctamente, estableciendo normas para autorizar y supervisar la venta de este tipo de préstamos, con una morosidad superior a 90 días. Además, establece una serie de criterios armonizados que permiten a los administradores comercializar este tipo de préstamos entre países de la UE, creando así un mercado secundario.
La Directiva incorpora nuevas medidas que protegen al consumidor, como la refinanciación del créditos, el aplazamiento del pago de la deuda, el cambio de los tipos de interés y requisitos para mejorar la transparencia en la relación con el acreedor.
Los Estados miembros debían aplicar esta directiva antes del 29 de diciembre de 2023, cosa que han hecho el grueso de Estados miembro de la UE. Sin embargo, España, Bulgaria, Hungría, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia aún no han notificado a Bruselas la aplicación de la directiva.
El Tribunal de Justicia es el tercer y último paso del procedimiento de infracción del Ejecutivo comunitario. La Comisión envió cartas de emplazamiento a estos Estados miembros el 24 de enero de 2024 y, posteriormente, dictámenes motivados el 25 de julio de 2024. La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades nacionales de estos Estados miembros han sido insuficientes, por lo que los lleva ante el Tribunal de Justicia de la UE. Al llevar estos Estados miembro ante la Justicia europea, Bruselas solicitará que se impongan sanciones económicas a cada uno de estos países. El importe de cada sanción se calcula teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción.
La Comisión Europea da un ultimátum a España y a otros siete países por no aplicar la normativa europea para acelerar los procesos de permisos de renovables, que debía haber traspuesto a la legislación nacional en julio de 2024. Se trata del segundo paso del procedimiento de infracción, en el cual los Estados miembro tienen dos meses para responder. De no cumplir, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario ha remitido a España, Francia, Italia, Países Bajos, Chipre, Bulgaria, Eslovaquia y Suecia un dictamen motivado y los apremia a trasponer a su legislación nacional la normativa comunitaria para acelerar los permisos de aprobación de proyectos de renovables.
La directiva modifica la Directiva de energías renovables y fija nuevas normas para simplificar y acortar los procedimientos de concesión de permisos, tanto para los proyectos de energías renovables como para los proyectos de infraestructuras necesarios para integrar la capacidad adicional en el sistema eléctrico.
La legislación comunitaria incluye plazos claros para la aprobación de los procedimientos de concesión de permisos dirigidos a proyectos de energía limpia. Además, introduce la presunción de que los proyectos de energías renovables, almacenamiento y las infraestructuras de red conexas son de interés público. También obliga a los Estados miembros a diseñar «zonas de aceleración de las renovables» en las que los proyectos puedan beneficiarse de plazos más breves para la concesión de permisos, dado el escaso impacto ambiental.
La Comisión Europea dio el primer paso del procedimiento de infracción el pasado septiembre, con el envío cartas de emplazamiento a 26 Estados miembros por no haber incorporado plenamente la Directiva a su ordenamiento jurídico nacional. Tras examinar las respuestas de los ocho Estados miembros, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a España, Italia, Chipre, Eslovaquia y Suecia por no notificar las medidas de transposición y a Bulgaria, Francia y los Países Bajos por no facilitar información suficientemente clara y precisa sobre la forma en que sus medidas de transposición de la directiva.
