El grupo propiedad del fondo soberano PIF ha remitido a la división corporativa de finanzas de la bolsa estadounidense una solicitud para ocultar determinados términos de la estructura de compra de su participación en la operadora que desde enero preside Marc Murtra. La petición fue remitida por Saudi Telecom Company y Green Bridge Investment Company SCS, una de las sociedades que la compañía extranjera articuló desde Luxemburgo para estructurar la compra de su participación en la compañía española de telecomunicaciones el pasado año. STC se acoge a la norma 24b-2, que habilita a dar tratamiento confidencial de la información que excluyeron de un formulario (Schedule 13D) presentado el pasado 23 de enero para actualizar su porcentaje de participación en la compañía y donde se recogía su intención de convertir parte de sus derivados.
Tras examinar la solicitud, la División de Finanzas Corporativas ha decidido «no divulgarla públicamente», según se remite en el escrito de la SEC firmado por la jefa de la Oficina de Fusiones y Adquisiciones de dicha división. La normativa de la comisión de valores de Estados Unidos da la posibilidad de ampararse bajo esta normativa siempre -también a extender durante el tiempo el carácter confidencial- siempre y cuando se entienda que su divulgación puede causar un perjuicio significativo al tratarse de secretos comerciales o datos estratégicos. La información ocultada ya en la información remitida a la SEC se recoge en dos anexos (99.2 y 99.3) en los que se incluyen los términos de compra de la participación en Telefónica. En esta documentación se desvela cómo la operadora empezó en 2023 a armar su asalto con la toma del 9,9% con la ayuda de Morgan Stanley.
La operación pasó bajo el radar de los inversores hasta que el cinco de septiembre de ese año STC comunicó de manera sorpresiva ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que había «adquirido una participación del 9,9% en Telefónica» con la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social y de instrumentos financieros que daban una «exposición económica» sobre otro 5,0% del capital social.
La planificación de la compra de la participación de Telefónica por parte de STC despertó las alertas del Gobierno que quiso blindar la españolidad de una empresa estratégica como la operadora, habida cuenta de que es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo. El ejecutivo se movilizó a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, para tomar el 10% de la operadora y convertirse en accionista de referencia, superando a CaixaBank y BBVA, además del grupo saudí.
