El ente, que lidera el socialista Gallardo, ha cargado duramente contra la instructora por sus diligencias para investigar el proceso de creación de la plaza de coordinador de conservatorios y su posterior adjudicación a David Sánchez. Al respecto, ha dicho que se trata de una investigación «prospectiva» en la que se busca algún «indicio de ilegalidad» del músico.
El ente, que ha cuestionado las principales líneas de actuación de la instructora Beatriz Biedma, desacredita el procedimiento penal por haberse impulsado a través de una querella de Manos Limpias con informaciones periodísticas. Al respecto, denuncia que nació con el foco puesto en un presunto enriquecimiento ilícito de David Azagra -nombre artístico del músico- y que la causa ha virado hacia la creación del puesto de trabajo tras no haber encontrado nada en ese terreno.
El ente se opone a la última tanda de diligencias acordada por la instructora a raíz de las últimas declaraciones. En concreto, la juez Beatriz Biedma ordenó investigar el contenido del puesto de coordinador de conservatorios que creó la Diputación de Badajoz, solicitó información al Teatro Real de Madrid para conocer sus vínculos con el hermano de Sánchez y acordó citar a dos testigos. Se trata de Francisco Serrano, el sindicalista de CSIF que se opuso a la creación de la plaza y de Álvaro Jaén, quien fuera secretario general de Podemos en Extremadura.
La magistrada explicó que ambos testimonios eran relevantes para la causa. El primero de ellos porque el sindicalista se opuso a crear un puesto de alta dirección en tanto que ya habían ejercido dicho cargo anteriores empleados de la Diputación de inferior categoría y el segundo porque denunció irregularidades con el proceso de creación de la plaza.
De hecho, un exalto cargo de la Diputación confirmó que se creó cierto clima de malestar en el ente por las críticas de la formación morada. El diputado denunció públicamente entonces aspectos que ahora investiga la Justicia, tales como que todo el proceso de creación se hizo con oscurantismo, que el cargo no existía hasta la fecha, que las bases parecían haberse hechas a medida del hermano de Pedro Sánchez y que no hubo tribunal; «solo una entrevista en el despacho de la diputada provincial», en referencia a Elisa Moriano.
La Diputación recurrió la decisión de la instructora, pero ella se mantuvo asegurando que eran diligencias pertinentes. Al respecto defendió que era necesario conocer las funciones exactas de la plaza de coordinador de conservatorios y que, en relación con el Teatro Real, se hacía necesario recabar dicha documental para esclarecer si el músico tuvo intereses concretos o no en que se eliminase su incompatibilidad.
Los servicios jurídicos de la Diputación han recurrido su auto, dejando la última palabra en manos de la Audiencia Provincial de Badajoz. En su escrito precisan que las diligencias acordadas solo buscan encontrar alguna ilegalidad contra el hermano del presidente del Gobierno. En relación con la testifical del sindicalista, la Diputación precisa que se opuso a la creación de la plaza no porque fuera innecesaria, sino «por la política sindical de oponerse a la configuración de puestos de trabajo abiertos en su provisión a empleados ajenos a la Diputación Provincial».
Tampoco quiere que declare el exlíder de Podemos en Extremadura porque, según defiende, no tuvo nada que ver con todo el proceso de creación del cargo que se gestó durante meses en el ente. «Su interés testifical nos parece cuestionable con independencia de la crítica política siempre respetable que el mismo pudiera aportar», razona.
