La entidad denuncia, además, que «se están realizando, en la Fiscalía, nombramientos en los que sigue sin primar mérito y capacidad», pero lo que todavía es más grave: «Se está haciendo un uso instrumental de la Inspección con apertura de expedientes a fiscales incómodos». No en vano, la reciente sentencia dictada por la Audiencia Nacional a favor de Ignacio Stampa, purgado por la predecesora de García Ortiz, Dolores Delgado, cuando éste era teniente fiscal del Ministerio Público, ha vuelto a poner sobre la mesa una práctica que han padecido otros, con posterioridad.
Entre ellos, el fiscal encargado de la reapertura del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Vicente González Mota, por oponerse como se le pedía a la prescripción del asunto; o, los cuatro responsables del procés, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, por negarse a la inmediata aplicación de la amnistía a los condenados e informar en su contra, desafiando el criterio impuesto por su superior jerárquico.
Para evitar estos desmanes, la Junta Directiva de la APIF reclama unas mayores garantías en el procedimiento disciplinario interno de la Fiscalía, en el que «el promotor de la acción disciplinaria sea designado por la mayoría del Consejo Fiscal (CF) y no discrecional y directamente por el fiscal general del Estado».
Y donde, además, para salvar el carácter preceptivo pero no vinculante que opera, hoy por hoy, en el seno del Consejo, como del resto de los órganos colegiados de la Carrera, Álvaro García Ortiz «no pueda sustraerse, en ningún caso, de la voluntad de la mayoría», tal y como sucede en el resto de órganos análogos de la Administración general y, como ejemplo, en los acuerdos adoptados por las Salas del Tribunal Supremo.
Por ello, desde la APIF proponen que «los órganos colegiados del Ministerio Fiscal tengan capacidad de decisión y no de mera consulta del Fiscal Jefe», sin que deba «imponerse el criterio de éste si no es refrendado por la mayoría» de sus integrantes.
Por otra parte, «las instrucciones y órdenes, dentro del Ministerio Fiscal, siempre deben ser generales (nunca singulares), por escrito y con total transparencia. Ya que, «lamentablemente, la actual regulación de la Fiscalía, sin que esté blindado el fiscal del caso concreto, hace que no se den las garantías suficientes para que el Ministerio Público pueda asumir la instrucción con imparcialidad e independencia», advierten desde la APIF en relación con los planes del Gobierno para entregar a la Carrera la investigación de las causas penales. Una recomendación que ya lanzó, en su momento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De hecho, la Ley de eficiencia en curso y la creación de tribunales de instancia penal que se han aprobado, recientemente, son motivo de preocupación para los fiscales en tanto en cuando consideran que «puede ser el paso previo para debilitar la independencia del juez de instrucción» al encuadrarlo «como un mero integrante de una estructura mayor, en una suerte de Fiscalía bis».
Lo que de verdad «necesita el sistema procesal penal español es la atribución de la instrucción a un Ministerio Fiscal con las debidas garantías de independencia» exigen, una vez más, desde la entidad profesional
