Esa empresa consiguió una reunión clave en el ministerio de Reyes Maroto con la intermediación de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos.
Esta decisión supone un nuevo paso en la investigación del llamado caso hidrocarburos, una de las ramificaciones del conocido como caso Koldo, al dirigir ahora la atención hacia el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que en el momento de los hechos dirigía Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea. La investigación, que llevó a la detención en diciembre del empresario Víctor de Aldama, principal investigado en la trama, busca determinar si Villafuel SL recibió un trato preferencial para obtener su licencia como operador mayorista de productos petrolíferos debido a sus vínculos con altos cargos del Gobierno.
Según los informes de la Guardia Civil incorporados al sumario, Villafuel está siendo investigada por un presunto fraude millonario al IVA en operaciones de hidrocarburos. Las sospechas apuntan a que la empresa, vinculada a Aldama, pudo beneficiarse de contactos privilegiados para acelerar los trámites administrativos necesarios para operar en este sector altamente regulado. El magistrado ha estimado parcialmente el recurso presentado por la acusación popular que ejerce el colectivo Hazte Oír, que solicitaba expresamente conocer los pormenores de la tramitación administrativa realizada tanto en el ministerio de Ribera como en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Por ahora, el juez Pedraz rechaza inhibirse en favor del Tribunal Supremo al no apreciar, por el momento, indicios suficientes que vinculen al exministro de Transportes y actual diputado, José Luis Ábalos, con la concesión de la licencia a Villafuel. «No existen en las presentes actuaciones un mínimo de indicios que permitan vincular a José Luis Ábalos Meco con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel SL», sostiene el magistrado, quien añade que «tal condición fue obtenida más de un año después de haber cesado el Sr. Ábalos como ministro».
No obstante, el instructor deja abierta la puerta a una posible inhibición futura, señalando que «es, en última instancia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que deberá valorar y apreciar la eventual acumulación de todo lo relativo al expediente de Villafuel, en atención a los indicios de que disponga». La investigación sobre Villafuel se enmarca en una trama más amplia relacionada con el caso Koldo, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia y cuyo nombre proviene de Koldo García, ex asesor de Ábalos.
Una de las líneas de investigación que se siguen en el Tribunal Supremo, donde se encuentra parte de la causa por el aforamiento de Ábalos, es si la trama liderada por Aldama pudo facilitar un chalet en Cádiz al ex ministro como contraprestación para facilitar la obtención de la licencia a Villafuel. También la empresaria Carmen Pano aseguró en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en efectivo en al sede socialista de Ferraz para desbloquear la licencia.
En todo caso, el juez Pedraz reconoce en su resolución que «desconoce el resultado» de las diligencias acordadas por el instructor del Supremo «y si existen indicios de la intervención del Sr. Ábalos en el otorgamiento de la condición de operadora de hidrocarburos a Villafuel».
La decisión del juez coincide con la posición expresada por la Fiscalía Anticorrupción, que en su informe firmado por el fiscal Luis Pastor Motta también respaldaba la incorporación de estos expedientes a la causa. «En el atestado 209/24, que obra en las actuaciones, en las páginas 80 a 105 se hace referencia al expediente de Villafuel, por lo que, si no ha sido aportado como anexo a este atestado, está a disposición de la UCO, siendo razonable atender a esta petición del recurrente», señalaba el fiscal.
La UCO deberá ahora entregar toda la documentación tramitada tanto en el ministerio dirigido por Ribera como en la CNMC, aunque podrá conservar una copia «a los efectos de poder continuar con la investigación», según establece el auto. Esta documentación permitirá a las partes personadas en la causa examinar en detalle cómo se tramitó la autorización administrativa y si existieron irregularidades en el proceso que pudieran constituir delito.
El caso supone un nuevo frente judicial para Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, que hasta ahora no había sido salpicada directamente por las investigaciones relacionadas con la trama Koldo, centradas principalmente en el entorno del Ministerio de Transportes y el Ministerio de Industria.
