Uno de los principales argumentos, en un documento enviado a finales de esta semana a los socios europeos, ha sido comprometerse, una vez más, a que España sufragará el coste y que este no recaerá en las arcas comunitarias. Según una evaluación preliminar de Bruselas, España tendría que pagar 132 millones al año. Las instituciones europeas se comprometieron a un cálculo más detallado hace meses, que todavía no se ha producido. El Gobierno español tampoco ha presentado nuevas cifras.
Pero este compromiso levanta suspicacias. «No sabemos si un futuro Gobierno del Partido Popular puede negarse a esto en los próximos años», subrayan fuentes diplomáticas, que temen que este gasto acabe siendo costeado por los contribuyentes europeos. A pesar de esto, todas las fuentes consultadas aseguran que fijarán su posición definitiva esta semana.
De no salvar este punto el apoyo de Puigdemont a Sánchez podría llegar a su fin,
