La Fiscalía Anticorrupción ha procedido a solicitar su procesamiento en un escrito fechado el pasado 23 de junio. En el mismo, y firmado por el fiscal José Grinda, insta al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña a procesar a Pérez Dolset, otras trece personas y 17 sociedades por blanqueo, delito societario, falsedad documental, insolvencia punible y fraude en las subvenciones.
El caso por el que Anticorrupción pide sentar en el banquillo a Pérez Dolset tiene su origen en 2016, cuando el empresario presentó ante la Fiscalía una denuncia por actuaciones personales y societarias de sus socios, entre los que figuraban empresas vinculadas y controladas por el magnate ruso Mikhail Fridman, que podrían constituir una absorción ilegal de empresas.
Fridman, que hasta marzo de 2022 fue máximo accionista de DIA, estuvo inicialmente investigado en la causa, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, archivó el caso contra él al no encontrar pruebas de su supuesta «asfixia» a la compañía.
Apenas un año más tarde, en 2017, la Audiencia Nacional abría una causa contra el propio Pérez Dolset y casi dos decenas de personas, por un presunto delito de fraude de subvenciones en la compañía.
Anticorrupción cree que, ante la situación de riesgo de insolvencia creada por las presuntas actuaciones de los llamados «accionistas rusos», Pérez Dolset y otros, entre ellos sus hermanos, iniciaron una serie de acciones dirigidas al desvío de fondos de Zed WorldWide para destinarlos a fines propios, por un importe cercano a los 40 millones de euros.
Todo ello «con abuso de las funciones rectoras de la compañía», en detrimento de la sociedad y contribuyendo de forma relevante a la situación de insolvencia; de este modo, se detrajo patrimonio en beneficio de Pérez Dolset, falseando condiciones de adjudicación y ejecución de subvenciones y préstamos de diversas administraciones públicas. Para ello, se creó un entramado societario ajeno a Zed destinado a la deslocalización de capitales y a su ocultación frente a las acciones de los socios y de los perjudicados por la insolvencia.
Asimismo, se llevó a cabo una «facturación ficticia» de empresas del Grupo Zed con sociedades controladas por algunos de los investigados, que estaban vinculados laboralmente al grupo.
La emisión de dichas facturas, indica el escrito, no respondió a prestaciones reales y se realizó con el propósito de aparentar un volumen de actividad inexistente o para deslocalizar fondos, todo ello «con la cooperación necesaria de sus empleados y de sociedades instrumentales desconectadas de la familia Pérez Dolset». Según la Fiscalía, Pérez Dolset ideó un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos, falseando los requisitos necesarios para obtenerlas así como las condiciones de ejecución, operativa con la que habría defraudado 30 millones de euros.
Zed, que llegó a tener presencia en 70 países y más de 1.700 empleados, quebró dejando una deuda de más de 300 millones de euros.
