El conflicto tiene que ver con las declaraciones del portavoz de la formación morada, quien aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería «estar en prisión» por su «gestión homicida» de los enfermos de Covid-19 en las residencias madrileñas durante la pandemia.
Fernández denunció que muchas personas perdieron la vida solas y sin atención en las residencias de mayores durante la pandemia a causa de los «protocolos de la vergüenza» que impidieron que muchos residentes fueran derivados a centros hospitalarios. También criticó que quienes contaban con un seguro privado, sí pudieron recibir los cuidados médicos, lo que calificó en su día como una «discriminación grave».
El Gobierno regional interpuso la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo, como paso previo a la presentación de esta querella, si Pablo Fernández no se retractaba de sus declaraciones, como ocurrió con la portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con el objetivo de defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia».
El consejero de Presidencia, García Martín, explicó en marzo que «no se puede insultar, vejar y acusar a un Gobierno ni tampoco a los profesionales de las residencias: médicos, enfermeras, geriatras, gerocultores, y a todos los que trabajaron durante la pandemia».
La muerte de mayores en residencias durante la pandemia sigue siendo un motivo de confrontación política. No se está de acuerdo ni en las cifras que se manejan. Mientras la izquierda sostiene que murieron 7.291 personas, el Gobierno de Díaz Ayuso rebaja la cifra a las 4.143 personas.
