Y anticipaba que la Comisión Europea trabaja en este mandato para «introducir la variable climática en el diseño de las políticas, ante «momentos difíciles que serán cada vez más frecuentes».
La que fuera vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta finales de 2024 está en boca de muchos estos días; como lo estuvo tras el apagón del pasado 28 de abril. Y, antes que eso, como también lo había estado tras la catástrofe de la DANA del 28 de octubre, cuando su responsabilidad sobre la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar pusieron en peligro su nombramiento como vicepresidenta de Ursula von der Leyen. De hecho, el PP intentó hacerlo descarrilar.
Como con la DANA, los incendios han dejado al descubierto fallas en la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica que Ribera dejó en herencia a Aagesen, Concretamente, las comunidades llevan tres años esperando a que el Gobierno apruebe unas directrices comunes para los planes contra incendios
Por otra arte, en la España rural la siguen teniendo muy presente. Ribera no paró hasta que, en septiembre de 2021, incluyó el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, pese a las protestas de los ganaderos. Les aseguró que esa decisión iba a «mejorar cohabitación de la especie con la ganadería». El resultado ha sido que solo en Castilla y León, una de las comunidades más afectadas, los ataques de los lobos al ganado han aumentado un 47 %, según datos de la Junta. El pasado junio, la UE rebajó definitivamente el régimen de protección de este animal, en contra del criterio de España, que durante meses se opuso en todas las instituciones europeas.
La política hídrica desplegada por Ribera también fue foco de conflicto con los agricultores de toda España, testigo envenenado que ahora ha recogido Aagesen. Los planes hidrográficos del Tajo, el Ebro y el Duero y el aumento de sus caudales ecológicos han puesto en pie de guerra a los regantes y han azuzado enfrentamientos entre comunidades (un clásico de los trasvases, por otra parte). En noviembre de 2023, la Comunidad de Madrid llegó a llevar al Ministerio de Ribera ante el Tribunal Supremo por diseñar un plan hidrológico «para sitiar Madrid», según declaró Isabel Díaz Ayuso entonces. Su recurso fue desestimado.
Tras la mortífera DANA de Valencia, trascendió que la Confederación Hidrográfica del Júcar -dependiente de Transición Ecológica- solo había invertido el 2 % de su presupuesto anual en la construcción de edificaciones para evitar desbordamientos en los barrancos. Entre ellos, el del Poyo. Y ocho veces más esa cantidad en gastos de personal e incentivos salariales.
En cuanto a su política energética, Ribera emprendió una cruzada contra la nuclear, defendiendo a capa y espada un calendario que llevará al cierre de todas ellas entre 2027 y 2035 y negándose a la posibilidad de alargar la vida útil de cualquiera de los reactores. Aunque, ya como vicepresidenta de la Comisión Europea, la real politik le ha obligado a entrar en la vereda de la nuclear. Ahora, desde esa atalaya de Bruselas propone «incorporar el principio de resiliencia por diseño, incluyendo la prevención en cada decisión pública y privada». Y también «apostar por la restauración de bosques, suelos y humedales y evitar a toda costa el incremento del peligro (ni nuevas construcciones en zonas inundables, ni escatimar en recursos y profesionales, ni abandono del territorio y sus habitantes)».
