Una medida que parte del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran. La Junta de Andalucía siempre se ha opuesto a esta medida, ya que considera que beneficia a malos gestores y que Andalucía lo que necesita es una financiación justa.
En una atención a medios durante una visita a la empresa GRI Towers, en el Polígono Astilleros de la Zona Franca de Sevilla, Montero ha confirmado a preguntas de los periodistas que «nunca antes una administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones de deuda», así como ha subrayado que «la comunidad autónoma que más se beneficia» de esa iniciativa «es Andalucía», ya que el Estado prevé asumir 18.791 millones de euros de su deuda.
Al hilo, Montero ha denunciado que el presidente de la Junta, «mintió» respecto a esta iniciativa, ya que «dijo que se iba a condonar en mayor medida la deuda de Cataluña, y que a Andalucía se le iban a dar migajas», cuando «por supuesto» que desde el Gobierno quieren dar «un trato equitativo en todos los territorios, y es Andalucía la que más se beneficia de la condonación de la deuda», según ha insistido, con críticas al ejecutivo andaluz por no querer acogerse a esta media. «Eso no se entiende, y es algo que realmente responde al criterio de ‘Génova’ -ha añadido en alusión a la dirección nacional del PP- y al ‘no por el no’, porque (los ‘populares’) están poniendo permanentemente chinas en el camino, aunque sea tirarse las piedras en su propio tejado», ha continuado comentando la vicepresidenta.
En el mes de febrero, Hacienda detalló la metodología que determina el importe de cada comunidad que va a ser asumido por el Estado, aunque el departamento que dirige Montero ha venido explicando que la decisión final recae en cada Gobierno regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento. En cualquier caso, Andalucía y Cataluña -con una condonación de 17.104 millones de euros de deuda- serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta. Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.
Tras la aprobación, este próximo martes, del anteproyecto de ley en Consejo de Ministros, lo previsto es que el texto se envíe a las Cortes Generales para que continúe su recorrido parlamentario. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de febrero, el Gobierno consiguió sacar adelante esta propuesta gracias al voto favorable de las comunidades del PSOE, mientras que las regiones del PP se levantaron de la reunión y no llegaron ni siquiera a votar este asunto.
La metodología propuesta consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las comunidades durante el cierre de 2009 y el cierre de 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre de 2019 y el cierre de 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total que está vigente al cierre de 2023.
En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. «Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios», aclaró Montero en su momento.
Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para dar «mayor equidad»: «En primer lugar, identificamos a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia».
A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas comunidades autónomas que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022. El siguiente elemento es que se atribuye una condonación adicional a comunidades que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, las comunidades autónomas que hayan ejercido esta competencia normativa por encima de la media podrán recibir una condonación adicional del 10%, que será del 5% en el caso de que se sitúe por debajo de la media.
