Así lo avanzó en una rueda de prensa en la Cámara Baja, que se produjo después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto de ley en primera vuelta para traspasar al Estado 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas del régimen común, como acordaron PSOE y ERC en el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Para beneficiarse de esta medida, los gobiernos autonómicos deben solicitar formalmente acogerse a la misma. Y Muñoz señaló que su postura “está muy clara” porque han dicho en hasta dos ocasiones que “no entrarán en esta trampa del Gobierno”. “Los presidentes autonómicos del Partido Popular son gente con palabra. No voy a valorar qué pasaría si alguno no hiciera lo que ha firmado en dos papeles, porque no entro en esa posibilidad”, señaló.
Muñoz cargó contra la condonación y recordó que la propia vicepresidenta Montero la rechazó cuando era consejera de la Junta de Andalucía, argumentando que lo que hace falta es una reforma del sistema de financiación autonómica. “Esa es la postura del Partido Popular y llevamos años diciéndolo. La actual ley de financiación viene de un pacto entre Zapatero y el tripartito de Cataluña, que se hizo sin hablar con el resto de las comunidades autónomas y, curiosamente ahora, a aquellos para los que se hizo ‘ad hoc’ esa ley de financiación no les vale”, expuso.
Muñoz resumió la propuesta en “que las consecuencias de una mala gestión por parte de los independentistas y los socialistas en Cataluña” sean asumidas por “todos los españoles” dado que “la deuda no desaparece”, sino que se “reparte”. Además, se apoyó en la Airef para remarcar que esta medida no supondrá más dinero para servicios públicos.
La comunidad más beneficiada de la condonación sería Andalucía, gobernada por el PP, con la quita de 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones de euros. En paralelo, Hacienda prevé asumir 11.210 millones de euros de la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de euros de Madrid. Para Castilla-La Mancha, se calculó una condonación de 4.927 millones de euros, en tanto que para Galicia será de 4.010 millones de euros. Por su parte, Castilla y León se beneficiaría de una condonación de 3.643 millones de euros; la Región de Murcia, de 3.318 millones de euros; y Canarias, de 3.259 millones de euros. En Aragón, la condonación prevista es de 2.124 millones de euros; en Extremadura, de 1.718 millones de euros; en Baleares, de 1.714 millones de euros; en Asturias, de 1.508 millones de euros; en Cantabria, de 809 millones de euros; y en La Rioja, de 448 millones.
