El acto de apertura del año judicial cargado de tensión ha iniciado su andadura con la intervención del Fiscal General. García Ortiz ha dedicado unas líneas a exponer su confianza en el Estado de derecho y en la independencia del Poder Judicial, además de en «la verdad», en su discurso frente al Rey Felipe VI, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes.
García Ortiz, sentado en el estrado y sin ningún trato especial con respecto a otros años, ha comenzado señalando que es «plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal». A pesar de que los asistentes no esperaban una mención expresa al contexto tan peculiar, el ambiente se había cargado previamente por la petición de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que el fiscal no compareciera y la negativa del líder de la oposición Alberto Núñez-Feijóo de asistir.
García Ortiz sí ha incluido unas palabras directas a lo ocurrido señalando que respeta «todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse» y añadiendo que sólo haría una mención al respecto en su discurso: «Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad».
El fiscal general ha hecho, además, un «humilde llamamiento» para «reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española y al trabajo de todos los fiscales», después de que en los últimos meses se hayan producido críticas desde todos los estamentos de la judicatura para reclamar su dimisión por estar procesado por el Tribunal Supremo.
Además, García Ortiz, en este sentido, ha señalado que cree «firmemente» en la Fiscalía, que es «sólida, confiable, que vertebra un país que garantiza el cumplimiento de la Ley» y que «no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes».
A partir de ese momento, el fiscal, como cada año, ha comenzado a explicar la memoria donde se recogen datos de todos los territorios españoles que analiza las distintas realidades delictivas. García Ortiz ha destacado especialmente la actividad desplegada en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada: «Es irrefutable la estrecha relación entre ambos fenómenos que, a su vez, se retroalimentan mutuamente». En esta línea ha destacado el papel de la Fiscalía Anticorrupción, la creación de las nuevas unidades especializadas en esta materia –a cuenta del Plan de Regeneración Democrática– y la Fiscalía Europea. «Resulta fundamental la colaboración entre los distintos operadores públicos en esta difícil tarea que mide la fortaleza de nuestros sistemas». Ha recordado que la «amenaza silenciosa» del crimen organizado y una delincuencia que «cada vez utiliza más violencia y posee un riesgo real de corrupción, que conduce a una merma en la confianza de las instituciones». En este sentido ha destacado la lucha contra el narcotráfico
García Ortiz no ha querido dejar de referirse igualmente a la violencia de género, recordando que 50 mujeres murieron el año pasado a manos de sus parejas y que la violencia vicaria terminó con la vida de nueve menores de edad. La Fiscalía ha analizado la ruralidad de los entornos cerrados como elemento determinante a la ausencia de denuncia. «La falta de privacidad y el control social cómplice, que comparte entornos con el agresor, influyen gravemente en que la víctima se sienta sola y vulnerable. Aquí es necesario poner todos los recursos a nuestro alcance para lograr que las víctimas se sientan fuertes y seguras para denunciar los hechos y huir del círculo de violencia», ha dicho.
El fiscal general del Estado ha dejado para el final la mención al medio ambiente por los incendios forestales: «Llevamos semanas sumidos en la desolación provocada por los incendios y por el dolor derivado de la pérdida de vidas humanas». Ha asumido que el Derecho penal debe perseguir a quienes de manera intencionada han provocado algunos de estos fuegos. «Sabemos que la causalidad de los incendios es un tema muy complejo, complejísimo, al que se enfrentan los países de muy diversas maneras». García Ortiz ha explicado que la sociedad no se puede dejar llevar por la impotencia que en ocasiones general la incertidumbre de los incendios por la inseguridad colectiva que esto proyecta: «Hemos de proporcionar prudencia y rigro frente a soluciones simplistas».
En este sentido, ha rechazado la criminalización del mundo rural: «No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la ‘caza del hombre’, a la represión penal». García Ortiz ha asegurado que «vivimos en uno de los países más seguros y prósperos del mundo» yq ue la seguridad y la libertad de la que gozamos es un «patrimonio que hemos conquistado entre todas y todos».
