El tribunal confirma así que existen indicios suficientes para que se siente en el banquillo acusado de delitos de corrupción vinculados a su incorporación a la Diputación de Badajoz. Así consta en el auto dictado este martes 23 de septiembre, donde el tribunal extremeño subraya que corresponde al juicio oral determinar la responsabilidad penal de Sánchez. Considera que existen indicios suficientes sobre «el presunto carácter delictivo» de las conductas imputadas, por lo que confirma el procesamiento dictado por Biedma, a quien ahora corresponde ordenar la apertura de juicio oral. También serán juzgados el presidente del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el extrabajador de Moncloa Luis Carrero.
En relación con las irregularidades que se le atribuyen al hermano de Pedro Sánchez, el auto menciona la existencia de indicios de que éste se benefició de su posición y contactos para obtener un puesto público en la Diputación. Los magistrados apuntan a «una apariencia fundada» de que pudo prevalerse de esas influencias para lograr su contratación en esta administración pública.
Así, la Audiencia rechaza la argumentación de la defensa, que solicitaba la absolución al considerar inexistentes los indicios de delito. Sin embargo, los jueces recuerdan que en esta fase procesal no corresponde valorar en profundidad la prueba, sino verificar la existencia de un «juicio de probabilidad incriminatorio» suficiente. En esa línea, subrayan que será en el juicio donde se practiquen con garantías las pruebas, sin que este auto suponga en ningún caso una anticipación de la sentencia.
El origen de la causa se remonta a junio de 2024, cuando la asociación Manos Limpias presentó una denuncia por presuntas irregularidades en contrataciones en la Diputación pacense. A raíz de esa iniciativa, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, abrió diligencias y, el pasado 28 de abril, dictó un auto que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado y procesaba, además del hermano del jefe del Ejecutivo, a otras diez personas.
La magistrada señalaba la posible comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, lo que llevó a las acusaciones populares —integradas por Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el PP— a solicitar penas de hasta tres años de prisión para los investigados. Frente a esa posición, tanto la Fiscalía como las defensas reclamaron el archivo de la causa por falta de indicios de criminalidad. El abogado de Sánchez, Emilio Cortés, ha venido denunciando que el procedimiento tenía un trasfondo «político e instrumental».
