De momento, la iniciativa ha despertado un amplio rechazo entre asociaciones judiciales y fiscales, que alertan del riesgo de politización del Ministerio Público. En concreto, parece ser que lo primero y fundamental en una posible reforma seria blindar la imparcialidad del Ministerio Fiscal. Solo así la reforma será una mejora y no una amenaza para la separación de poderes.
Esta reforma «estrella» del también titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes prevé varios cambios profundos en el sistema judicial. El principal, que la instrucción de las investigaciones judiciales pasará a manos de los fiscales, y, con ello, dejarán de estar en manos de los jueces. Este paso también implica que, como instructores, las unidades de Policía Judicial, como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, actuarán bajo su dirección en la investigación de delitos.
Por otro lado, prevé la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que aumenta de cuatro a cinco años el tiempo de permanencia en el cargo de un fiscal general del Estado. Quedando desligado así su mandato del Poder Ejecutivo, aunque no la elección del máximo responsable del Ministerio Público.
No obstante, el éxito de la reforma dependerá de la dotación de recursos. Para que la Fiscalía lidere las investigaciones, el Ejecutivo debería acometer una inversión sin precedentes en medios humanos, tecnológicos y económicos. Si no se dota al sistema de los recursos necesarios, se pondrán en riesgo las garantías procesales y la tutela judicial efectiva.
Además, en el borrador aprobado se confieren al Fiscal General competencias exclusivas en nombramientos, ascensos y sanciones, y limita el ejercicio de la acción popular, figura con una larga tradición, pero frecuentemente cuestionada por su uso político.
En definitiva y aunque aparentemente, la reforma es jurídicamente coherente, tendrá que contar con una inversión económica y en recursos humanos sin precedentes, poniendo el foco en garantizar la absoluta independencia de esta institución de los Poderes Públicos de lo contrario tal y como sucede en la actualidad será papel mojado y se confirmara su inoportunidad y su politización aun antes de nacer.
