«El requerimiento formal que hemos remitido exige la remisión inmediata de estos datos, de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer, unos indicadores que han sido pactados con todas las comunidades autónomas, y lo hacemos por una razón muy sencilla, la ley se cumple», ha sentenciado. En la carta, la ministra apela a la lealtad institucional, precisamente la misma que las autonomías del PP le acusan de violar repetidamente en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, motivo por el cual abandonaron en bloque el último Pleno, el de viernes 23 de octubre.
La respuesta de los consejeros autonómicos, a quienes va dirigida la carta, no se ha hecho esperar. «La ministra continúa en una huida hacia delante después del último Pleno del Cisns. Sigue sin reconocer que quien tiene que trabajar es ella. Recordamos de nuevo que la herramienta para el volcado de los datos de los cribados sigue sin estar desarrollada, así como el plan funcional, que es el documento técnico que evalúa lo que se va a medir», señalan fuentes de la Comunidad de Madrid. «Los indicadores de cribados no están ni aterrizados, ni definidos, ni aprobados por la Ponencia de Cribados, de manera que los datos no se pueden medir de manera homogénea ni comparar», añaden.
De hecho, en la carta remitida a los consejeros, entre otros artículos de distintas leyes, se cita una que muestra de quién es la competencia a la hora de poner marcha el citado sistema de información. «La STC 22/2012, FJ 9, para el Tribunal Constitucional, constituye una manifestación de la función de coordinación general atribuida al Estado en materia sanitaria: ‘la fijación por la norma estatal de un sistema de información entre los distintos órganos con competencia…”.
El objetivo de la ministra no era otro que dejar una prueba por escrito de la supuesta eficacia de su departamento y poner en evidencia a las autonomías, que sabía que no tenían los medios para entregarle las cifras solicitadas, como tampoco los tienen ahora. Y no los tenían por dos motivos. El primero, que los indicadores que se habían estado trabajando en la ponencia no estaban aún consensuados ni aprobados (se seguían debatiendo temas técnicos, como si la población a invitar se sacaría del padrón o de la Tarjeta Sanitaria Individual).
El segundo, que las autonomías no disponen del sistema de información necesario para poder volcar los datos de sus programas de cribado. El Ministerio de Sanidad se había comprometido a poner en marcha este programa informático en 2024, un sistema que requería de un presupuesto y que, lógicamente se tenía que licitar públicamente para que lo desarrollara una empresa externa. Pues bien, ninguna de las dos cosas se han concretado más de un año después.
