Este ponía el acento en controlar los fraudes en materia de contratación y esta semana el organismo ha lanzado un nuevo plan de choque dirigido a revisar cerca de 80.000 contratos temporales o fijos discontinuos. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo ha enviado más de 37.000 cartas dirigidas a empresas en las que considera que hay indicios de que las personas con un contrato fijo discontinuo prestan su actividad de forma continuada o que cubren necesidades indefinidas con un acuerdo de carácter temporal.
Estas comunicaciones suponen el primer paso del procedimiento sancionador y en ellas, la Inspección concede a las compañías un plazo de un mes para revisar estos acuerdos laborales (temporales o fijos discontinuos) y transformarlos en indefinidos ordinarios si cree que debería hacerlo. Al terminar este plazo, si la compañía no ha hecho ninguna de las dos cosas, se iniciarían otras actuaciones inspectoras por parte del organismo, como la visita al centro de trabajo.
En concreto, la Inspección ha puesto el foco sobre 77.210 relaciones laborales, de las que 27.096 son de personas contratadas como fijas discontinuas y 50.114 temporales. Esto supone que el alcance de este plan de choque será significativamente superior al impulsado en los primeros meses del año, al revisar un 157% de contratos más y afectar a un 114% de compañías. El Gobierno viene intensificando el control sobre el uso de los contratos de trabajo desde el año 2018, pero lo ha hecho especialmente desde la aprobación de la reforma laboral de 2022 que introdujo nuevas penalizaciones al uso del contrato temporal y extendió la utilización del contrato fijo discontinuo más allá de los sectores en los que había tenido presencia tradicionalmente.
La norma impulsada por Díaz limitó los contratos temporales a los casos en los que se buscase sustituir a otro trabajador durante un tiempo determinado o responder a circunstancias de la producción. Además, estableció que las sanciones –de entre 1.000 y 10.000 euros– se aplicarían por trabajador afectado y no por empresa.
A lo largo de todo 2024, las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de forma ordinaria y el plan de choque hicieron que las empresas transformaran 77.787 contratos temporales en indefinidos. En el mismo periodo se convirtieron 89.959 contratos fijos discontinuos irregulares en indefinidos. Como este año, la Inspección también actuó en dos fases. Una primera en la que se busca el cambio voluntario por parte de las empresas (las cartas) y la segunda con actuaciones.
Así, el número de sanciones que acaban imponiéndose suponen un número muy reducido frente al de contratos revisados inicialmente. En 2024, el organismo inspector estudió 301.450 acuerdos laborales temporales o fijos discontinuos, de los que solo 9.978 dieron lugar a un requerimiento formal por parte de un inspector y 5.281 condujeron a una infracción. En total, se impusieron sanciones por algo más de 5,2 millones de euros, por lo que la multa media se ubica en el tramo más bajo, de 1.000 euros.
La mayoría de los fraudes detectados respecto al uso de contratos temporales afectaba a hombres (56%), siendo Andalucía el territorio donde se registraron un mayor número de transformaciones (18.759), seguido de Madrid (12.463) y Cataluña (7.133).
Además de estos dos aspectos, Trabajo ha pedido a la Inspección que revise especialmente los casos de no superación del periodo de prueba en los contratos indefinidos a través del cruce masivo de datos. El organismo ha detectado que hay empresas que usan esta fórmula de forma fraudulenta para cubrir el antiguo contrato temporal. También ha programado actuaciones dirigidas a garantizar el derecho al descanso de los trabajadores y los límites de su jornada laboral, a la espera de que se apruebe el nuevo registro de jornada digital con el que se introducirán nuevos criterios para realizar estas actuaciones.
