Según el calendario actualizado por las agencias de calificación para el próximo año, España contará con varias oportunidades de subir nota en 2026, particularmente en los dos ‘superviernes’ del 13 de marzo y el 11 de septiembre de 2026, cuando actualizarán sus ratings las agencias S&P Global, Fitch y Scope, tres de las cinco firmas que examinarán la solvencia de la deuda española.
En concreto, el primer examen del rating de España llegará el próximo 13 de marzo, cuando las agencia Fitch (A/Estable); S&P Global (A+/Estable); y Scope (A/Estable) actualizarán sus respectivas calificaciones soberanas para el país, lo que volverán a hacer por segundo y última vez el 11 de septiembre de 2026. De su lado, la agencia Moody’s revisará el rating ‘A3/Estable’ que asigna a España el próximo 27 de marzo y, posteriormente, el 17 de julio de 2026. En el caso de Morningstar DBRS, las fechas contempladas para examinar la nota de solvencia de España en 2026 son el 29 de mayo y el 30 de octubre.
A lo largo de 2025, España vio mejorado su rating en un escalón por las tres grandes agencias del sector por primera vez desde antes de la pandemia de Covid-19, con una subida el pasado mes de septiembre por parte de S&P Global hasta ‘A+’ con perspectiva estable, tras haber mantenido desde 2019 la calificación española en ‘A’. Asimismo, la agencia Fitch también revisó en 2025 al alza su valoración de la solvencia de la deuda de España, elevándola a ‘A’ con perspectiva estable, un peldaño por encima de la nota ‘A-‘ que asignaba a España desde 2018, mientras que Moody’s elevó un escalón su rating, hasta ‘A3’ con perspectiva estable, después de haber mantenido una nota de ‘Baa1’ durante siete años.
Por su parte, la canadiense Morningstar DBRS mantuvo sin cambios la nota española en 2025, después de haberla subido un año antes a A(alta) con perspectiva estable, mientras que la alemana Scope, cuyas calificaciones comenzaron a ser tomadas en cuenta por el BCE a finales de 2024, mantuvo la calificación ‘A’ con perspectiva estable.
Según la regulación europea en vigor desde 2014, las agencias de calificación están obligadas a publicar un calendario con las fechas previstas para la actualización de las notas de solvencia soberana y la perspectiva de las mismas. En este sentido, la normativa sobre agencias de rating requiere a las entidades que tales fechas sean viernes y que sus anuncios tengan lugar fuera del horario regulado de negociación en los mercados europeos. Las tres mayores agencias de calificación (S&P Global, Moody’s y Fitch) llegaron a asignar la máxima nota de solvencia a España durante la primera década del siglo XXI, aunque tras la crisis financiera que desembocó en la Gran Recesión el país acabó perdiendo la ‘triple A’.
La agencia Moody’s mantuvo una nota ‘Aaa’ para la deuda española a largo plazo entre 2001 y 2010, para tras una serie de recortes llevar el rating de España a ‘Baa3’, al borde del ‘bono basura’ en el verano de 2012, mientras que Fitch mantuvo la matrícula de honor de solvencia para España entre 2003 y 2010, aunque para mediados de 2012 había degradado la calificación española hasta BBB, con perspectiva negativa. Asimismo, S&P Global, que mantuvo la máxima nota ‘AAA’ para España entre finales de 2004 y principios de 2009, había recortado la nota de solvencia de la deuda del país hasta BBB-, con perspectiva negativa, un escalón por encima del ‘bono basura’ para el otoño de 2012.
A pesar del acompañamiento de los datos de crecimiento y las previsiones que apuntan a que España seguirá siendo en 2026 la gran economía europea con mejores cifras de actividad, la perspectiva ‘estable’ que mantienen todas las agencias de rating en sus notas para España sugiere que las entidades no se plantean cambiar sus calificaciones a corto y medio plazo, lo que podría considerarse un periodo de entre 6 meses y 2 años, salvo cambios al alza o a la baja en factores propios del emisor.
En concreto, las principales agencias de rating señalan que cualquier movimiento al alza de sus respectivas notas para España estaría ligado a trasladar el «sólido desempeño económico» del país a movimientos significativos a la baja en la carga de deuda pública, para lo que sugieren medidas para apuntalar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, incluyendo una consolidación presupuestaria más ambiciosa.
En este sentido, la deuda del conjunto de las administraciones públicas, según el Protocolo de Déficit Excesivo, superó por primera vez los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre de 2025, aunque moderó su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 103,2% según los últimos datos del Banco de España. De este modo, la cifra del 103,2% se sitúa dos décimas por debajo de la proporción de deuda sobre PIB registrada en el segundo trimestre de este año (103,4%) y baja en un punto porcentual frente al 104,2% del tercer trimestre de 2024.
El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% en el cierre de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.
