«La situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional», ha manifestado en sus redes sociales, donde se hace eco de ese comunicado conjunto, que recoge este mismo planteamiento.
En dicho comunicado, estos gobiernos mencionan entre esos principios del derecho internacional que, a su juicio, se habrían visto violados «la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas». Consideran que las acciones llevadas a cabo por la Administración de Donald Trump «constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil». Y abogan por «un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos» como el camino para «una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana», dicen en el texto.
También sostienen que «América Latina y el Caribe» es «zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención», y llaman a «la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad» de la región americana. Además, han urgido al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes «a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional».
Concluyen el comunicado trasladando su preocupación ante «cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos», algo que, dicen, «resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región».
