En el primero de los escritos, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, reclama al juez que imponga también al comisionista Víctor de Aldama una fianza de responsabilidad civil. El magistrado exige a Koldo y Ábalos (ambos en prisión) una fianza de 60.000 euros, pero no a Aldama, que también se sentará en el banquillo de los acusados. La defensa de Koldo subraya que Aldama «se autodefine como ‘empresario de éxito’ y que ‘ya se le incautó un vehículo de alta gama.’. Consideran que «mientras que el resto de los investigados en la presente causa penal adolecen de una situación de precariedad económica que les impide sufragar los honorarios de su defensa o atender las cargas hipotecarias de sus viviendas habituales, el Sr. Aldama ha hecho gala de una exuberante capacidad económica y solvencia». Señalan que la responsabilidad civil es solidaria y, por tanto, ha de ser compartida.
La letrada hace referencia a un artículo de ‘Diario de Ibiza’ para poner sobre la mesa la «asimetría financiera» entre los encausados. Señala que esa noticia «acredita un alto nivel de vida incompatible con una situación de embargo o limitación de recursos, habiendo realizado el investigado un despliegue de gasto suntuario». Según esa información periodística, Aldama habría hecho uso de un jet privado, una villa de lujo y varios vehículos de alta gama. «Todo ello constituye un indicio racional de una solvencia patrimonial suficiente para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso», afirma el escrito.
Pero hay más: la abogada del exasesor de Ábalos remite al Supremo un artículo de OK Diario en el que se afirma que el juicio será en marzo y que han sido desechadas las peticiones de prueba de su cliente, entregadas el pasado viernes. Por ello, creen que «esto significa que el tribunal, sin leer siquiera nuestros alegatos, ya ha tomado postura procesal en favor de la acusación, lo que lesiona el derecho de esta parte a un tribunal imparcial». Además, se lamentan de un posible filtración en el seno del tribunal.
