La decisión se produce después de que la Audiencia Provincial avalara la celebración del juicio por estos dos delitos, aunque descartara otros cargos inicialmente incluidos en la investigación y levantara algunas medidas cautelares.
En su resolución, el magistrado sostiene que la intervención de ambas en el ámbito de la Universidad Complutense no se produjo en un contexto ordinario y aprecia indicios de una posición de acceso privilegiado derivada de la condición institucional de Gómez. La investigación se centra en la gestión y el uso de un software desarrollado en una cátedra universitaria y en la utilización de recursos públicos para fines presuntamente privados.
Peinado también ha ordenado recabar información sobre la situación económica de Gómez mediante la Agencia Tributaria y recuerda a las acusadas su obligación de permanecer a disposición de la Justicia. No obstante, rechaza imponer nuevas medidas cautelares patrimoniales.
La Audiencia de Madrid ya había validado la existencia de indicios suficientes para juzgar a Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación, y a Álvarez por este último delito. El empresario Juan Carlos Barrabés continuará siendo investigado en una pieza separada relacionada con adjudicaciones públicas.
De cara al juicio, la acusación popular encabezada por Hazte Oír solicita 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía mantienen su petición de absolución.
