La decisión supuso la desaparición de un órgano con funciones operativas y de coordinación directa con empresas públicas como Adif, Renfe o Aena. Esta unidad también participaba en la supervisión de planes de seguridad, en simulacros de accidentes ferroviarios y en la aplicación del Plan de Asistencia de Víctimas Ferroviarias. Tras su eliminación, la estructura fue sustituida por un Observatorio para la Coordinación y Prevención de crisis y atención a las víctimas, un órgano que posee un carácter más limitado y que no cuenta con atribuciones operativas directas. En cambio, su función se centra más en la elaboración de informes y tareas de supervisión, sin capacidad ejecutiva ni coordinación inmediata sobre las empresas públicas dependientes del Ministerio.
Pero la eliminación de la Unidad de Emergencias no fue un hecho aislado, sino un paso más en un proceso gradual de vaciado de competencias y recursos. En los meses previos, se redujo su plantilla y se eliminaron reuniones periódicas de coordinación con responsables de Adif y Renfe, que servían para detectar incidencias de seguridad y hacer un seguimiento continuado de los riesgos en la red ferroviaria. La supresión también supuso el cese del mando policial que dirigía la unidad desde 2020.
