El informe recoge que los servicios de interés general son fundamentales para la cohesión social, territorial y económica. Su provisión universal y continuada es un objetivo legítimo. Sin embargo, en las últimas décadas, este objetivo se ha articulado crecientemente a través de operadores empresariales que actúan en mercados competitivos, a los que se imponen obligaciones específicas de servicio público. Estas obligaciones introducen costes, riesgos y restricciones que condicionan la rentabilidad, las decisiones de inversión y la asignación de capital. No obstante, estos efectos no siempre se reconocen de forma explícita ni se acompañan de mecanismos adecuados de compensación. El informe analiza esta realidad desde una perspectiva jurídica y económica, examinando cómo se manifiesta en distintos sectores de la economía española. Su objetivo es destacar la necesidad de un marco que permita compatibilizar los objetivos sociales con un entorno favorable a la inversión y al crecimiento.
Desde el punto de vista jurídico, en el marco de la Unión Europea, se reconoce que los Estados pueden imponer obligaciones de servicio público a las empresas encargadas de prestar estos servicios, incluso cuando operan en mercados liberalizados. Este marco habilita la intervención pública, pero también establece límites como respeto a la competencia, proporcionalidad de las cargas y garantía de que la actividad resulte económicamente viable.
Estas obligaciones no forman parte de la regulación general del mercado, ni se aplican de manera indiferenciada a todos los operadores. Se trata de prestaciones singulares, impuestas a empresas concretas, que les exigen asumir comportamientos que no adoptarían en condiciones normales de mercado. Precisamente por este carácter singular y forzoso, las obligaciones de servicio público generan una tensión jurídica relevante. Por un lado, responden a objetivos legítimos de interés general; por otro, imponen sacrificios económicos específicos a determinados operadores, que no pueden considerarse inherentes a la libertad de empresa. La compensación de estas obligaciones permite evitar que los objetivos públicos se financien de forma implícita cargando los costes sobre determinadas empresas, al tiempo que garantiza la igualdad de trato y la neutralidad competitiva.
• La prestación obligatoria de servicios de interés general se articula mediante obligaciones singulares impuestas a las empresas, cuya legitimidad jurídica exige proporcionalidad, viabilidad económica y, en su caso, compensación.
• La imposición de obligaciones de servicio público permite corregir ciertos fallos de mercado y elevar el bienestar social. Sin embargo, al exigir a las empresas una provisión del servicio superior a la que realizarían en condiciones de mercado, se altera el equilibrio competitivo y se introducen costes adicionales.
• En España, el coste asociado a las obligaciones de servicios público es elevado, alrededor de unos 3.900 millones de euros al año, lo que equivalen a unas dos décimas del PIB. Este coste presenta una notable heterogeneidad por sectores.
• El análisis sectorial confirma que la ausencia de mecanismos de compensación claros, estables y bien definidos genera tensiones sobre la inversión, la innovación y la sostenibilidad económica de los servicios.
• España necesita un modelo de servicios de interés general que sea compatible con una economía abierta, competitiva y orientada al crecimiento. La imposición de obligaciones sin compensación constituye una forma encubierta de fiscalidad selectiva que penaliza la inversión y reduce el dinamismo empresarial.
No se cuestiona la legitimidad de los objetivos sociales, pero es necesario que estos se financien de manera explícita, transparente y equitativa. Solo así será posible garantizar, simultáneamente, servicios esenciales de calidad y un entorno atractivo para crear, invertir y generar empleo. Desde una perspectiva económica, los servicios de interés general existen como respuesta a fallos de mercado concretos. En determinados ámbitos, el mercado no garantiza por sí solo una provisión suficiente, universal o asequible del servicio, ya sea por la presencia de externalidades positivas, por características propias de los servicios en red o por objetivos redistributivos. La imposición de obligaciones de servicio público permite corregir estos fallos y elevar el bienestar social. Sin embargo, al exigir a las empresas una provisión del servicio superior a la que realizarían en condiciones de mercado, se altera el equilibrio competitivo y se introducen costes adicionales, los cuales no se limitan a gastos directos de explotación. También incluyen costes de oportunidad, derivados de la imposibilidad de ajustar precios, cobertura o volumen de actividad a criterios estrictamente económicos, así como restricciones a la reasignación eficiente del capital. Las empresas que prestan servicios de interés general asumen, en la mayoría de las veces, los costes de la obligación sin compensación automática. Además, aún en el caso de que la obligación se imponga de forma homogénea a todos los operadores, el atractivo relativo del sector se reduce frente a otras alternativas de inversión. Cuando estos costes no se reconocen ni se compensan de forma explícita, el resultado es una distorsión en la asignación del capital, que puede traducirse en menor inversión, menor innovación y, a medio plazo, en una degradación de la calidad o de la continuidad del servicio. El análisis agregado pone de manifiesto que los servicios de interés general tienen un peso económico muy relevante en la economía. A nivel europeo, concentran una parte sustancial del valor añadido, del empleo y de la inversión, lo que refleja su papel estructural en el funcionamiento de los mercados y en el bienestar social.
En España, el coste asociado a las obligaciones de servicios público es elevado, alrededor de unos 3.900 millones de euros al año, lo que equivalen a unas dos décimas del PIB. Este coste presenta una notable heterogeneidad por sectores, siendo especialmente sensibles para las empresas de los sectores ferroviarios (unos 1.200 millones de euros) así como para las empresas de los sectores eléctrico, audiovisual y aeroportuario (próximo a los 600 millones de euros en cada caso), mientras que los mecanismos de compensación existentes no permiten neutralizar el coste soportado por los operadores. La diversidad de financiación, que incluye pagos presupuestarios directos, mecanismos sectoriales o traslados parciales a los consumidores, da lugar a un reparto desigual y poco transparente de las cargas.
Por otro lado, la evolución reciente de la compensación por parte de las Administraciones presenta señales de desaceleración. Esta situación contrasta con el notable crecimiento de la población en España y, por tanto, de los potenciales beneficiarios de estas obligaciones de servicio público, en un contexto de incremento de los costes de prestación y un aumento de la presión fiscal empresarial.
Esta falta de alineación entre costes, compensación y carga fiscal plantea problemas de sostenibilidad económica y de equilibrio regulatorio. Cuando las obligaciones se intensifican y los mecanismos de compensación no se ajustan en paralelo, se incrementa el riesgo de que la prestación de los servicios de interés general dependa de un sacrificio económico creciente por parte de las empresas, con efectos negativos sobre la inversión y la calidad del servicio a medio plazo. El análisis por sectores muestra que, aunque las obligaciones de servicio público responden a una lógica común, su impacto económico varía de forma significativa según el sector, en función de la estructura del mercado, el grado de regulación y el diseño concreto de las obligaciones impuestas. En el sector financiero, las obligaciones vinculadas a la inclusión financiera y a la colaboración con las administraciones públicas generan costes operativos relevantes que no siempre son compensados de forma explícita. En el sector energético, la intensidad de las obligaciones, especialmente en contextos de crisis, pone de relieve la necesidad de mecanismos de compensación previsibles y coherentes con la importancia del servicio. El aumento del número de consumidores protegidos, sin una financiación pública suficiente, incrementa la carga operativa y financiera de las empresas.
De forma similar, en el sector del agua, la transferencia excesiva del riesgo económico al concesionario, sin una remuneración ajustada a los costes reales y a las inversiones necesarias, compromete la sostenibilidad del servicio y retrasa la modernización de las infraestructuras. En sectores como las telecomunicaciones y el postal, la obligación de garantizar una cobertura universal y estándares elevados de calidad en un entorno competitivo exige un esfuerzo de inversión constante, financiado en gran medida por las propias empresas. Cuando la compensación es insuficiente o inestable, aumenta la incertidumbre regulatoria y se reduce el atractivo de estos sectores para la inversión. En el transporte de viajeros por carretera, el modelo de colaboración público-privada ha permitido garantizar el servicio, pero sigue afrontando problemas de financiación y reparto de riesgos que dificultan la planificación y la inversión a largo plazo.
En resumen, el análisis sectorial confirma que la ausencia de mecanismos de compensación claros, estables y bien definidos genera tensiones sobre la inversión, la innovación y la sostenibilidad económica de los servicios. Como conclusión incidir en que España necesita un modelo de servicios de interés general que sea compatible con una economía abierta, competitiva y orientada al crecimiento. La imposición de obligaciones sin compensación constituye una forma encubierta de fiscalidad selectiva que penaliza la inversión y reduce el dinamismo empresarial.
De este modo, no se cuestiona la legitimidad de los objetivos sociales, pero es necesario que estos se financien de manera explícita, transparente y equitativa. Solo así será posible garantizar, simultáneamente, servicios esenciales de calidad y un entorno atractivo para crear, invertir y generar empleo.
