En un auto fechado el pasado 4 de febrero al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de instrucción nº 6 de Madrid admite a trámite una denuncia de la aerolínea en relación con la entrada y registro de su sede efectuada por la Policía Nacional el 11 de diciembre, en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo.
Plus Ultra indica en su denuncia que durante el citado registro funcionarios de la UDEF se incautaron de «abundante documentación y equipos informáticos de la compañía». Dado que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, las únicas personas con acceso a esos documentos y archivos son la juez instructora, la Fiscalía, el personal judicial y los funcionarios de la Policía, se indica en la denuncia.
Sin embargo, pocos meses después comenzó a aparecer en medios de comunicación «una supuesta documentación» intervenida durante el registro, con detalles sobre la contabilidad de la aerolínea y diversas facturas.
Según destaca la denuncia, «es evidente que uno o más funcionarios de la UDEF, adscritos a la investigación y que tienen en su poder la documentación contable intervenida», han quebrantado el deber legal de secreto y han dado o están dando acceso a terceros a dicha información. En concreto, habrían divulgado pagos de la compañía a la consultora Análisis Relevante, vinculada a uno de los acusados, el dueño y director ejecutivo de la aerolínea, Julio Martínez, al que los medios que se han hecho eco de estos datos se refieren como «el amigo de Zapatero», en relación con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Asimismo, los funcionarios de la UDEF habrían dado acceso a terceros a un supuesto borrador de contrato presuntamente encontrado durante los registros en el domicilio de uno de los investigados, de acuerdo a la denuncia. Ello implica que actúan «en contra de las órdenes recibidas de la autoridad judicial causando un daño incalculable tanto a la propia investigación como a los derechos fundamentales y a la reputación de las partes», se añade en el escrito.
Para Plus Ultra, el secreto profesional de los periodistas que han divulgado dicha información no afecta en nada a la responsabilidad penal de los autores de las filtraciones, «sobre los que sí pesa, y, además, de forma cualificada, la obligación de secreto».
Por todo ello, Plus Ultra solicita que declaren los periodistas y que sean identificados los funcionarios de policía adscritos a la investigación abierta en el juzgado de instrucción nº 15 de Madrid. Se trata del mismo juzgado que investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
La investigación del presunto blanqueo está ahora en la Audiencia Nacional, después de que el pasado 3 de marzo el juez José Luis Calama asumiera la causa tras inhibirse el juzgado de instrucción nº 15.
