Mientras tanto, la ministra de Sanidad, García, ha amenazado a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, con penas de multa e inhabilitación, por negarse a crear esa «lista negra» de médicos que no quieren practicar abortos en la región. «Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público», ha afirmado este martes durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso.
