Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez que retirase el pasaporte a Zapatero, le prohibiera salir del país y le impusiera comparecencias quincenales para evitar el riesgo de fuga, petición a la que se han sumado el PP y Ciudadanos y que han elevado instando prisión provisional el resto de las acusaciones populares (HazteOír, Vox, Iustita Europa y Liberum).
Sin embargo, el juez razona que «la adopción de una medida cautelar exige siempre un juicio especialmente riguroso porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado» y en este caso, concurre «rotundamente» lo primero, pero no así lo segundo.
Conforme explica, «la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba», entre las que el auto destaca «la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra» que habrían viajado por sociedades bajo sospecha de ser instrumentales.
Eso sí, frente a estos indicios, el magistrado tiene en cuenta que Rodríguez Zapatero es una persona de «pública notoriedad», una circunstancia “que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento”. Para Calama, su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a «la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual».
En cuanto al riesgo de destrucción de pruebas, considera que decae porque «los elementos relevantes» para la investigación ya han sido intervenidos y la causa no depende de actuaciones que Zapatero pudiera obstaculizar. Entiende así que no se dan los presupuestos de riesgo que se exigen para acordar medidas personales que limiten derechos fundamentales y descarta aplicar las cautelares que se solicitaban. Se queda de este modo Zapatero como estaba: con un embargo preventivo de 490.000 euros en sus cuentas, por los fondos que cobró de la consultora de Julio Martínez y que están bajo sospecha, y sin más caución que haber tenido que proporcionar su número de teléfono al juzgado.
