La firma cerró el último ejercicio con una facturación de 3,7 millones de euros, similar a la de 2023, aunque inferior a la registrada en 2024, cuando alcanzó su máximo de ingresos.
El beneficio neto sí sufrió una fuerte caída, pasando de 132.754 a 27.344 euros. Según fuentes próximas al despacho, esta reducción responde principalmente a los gastos derivados de su defensa jurídica. Entre sus principales clientes, la firma solo habría perdido a Redeia.
Paralelamente, Equipo Económico ha recurrido ante la Audiencia de Tarragona la decisión judicial de ampliar seis meses más la instrucción. La defensa sostiene que la prórroga se acordó sin dar audiencia previa a las partes, lo que considera una vulneración de las garantías procesales y una situación de indefensión.
El despacho también cuestiona la duración de una investigación que acumula ya ocho años y critica que la resolución judicial no detalle suficientemente las diligencias pendientes que justificarían prolongar el procedimiento. Además, denuncia una aparente contradicción en el auto, que habla de una ampliación de seis meses pero fija el fin de la instrucción en julio de 2027.
La defensa apoya sus argumentos en un informe de la UCO elaborado en 2025. Tras analizar cientos de productos bancarios y los pagos procedentes de empresas gasistas, los investigadores concluyeron que no existían operaciones diferenciadas respecto a otros ingresos y que los fondos se destinaron a gastos ordinarios, sin detectar desvíos irregulares.
El caso, instruido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, destaca también por la duración del secreto de sumario, que permaneció vigente durante casi siete años mediante sucesivas prórrogas. La defensa cuestiona igualmente la competencia territorial de Tarragona, al considerar que los hechos investigados se habrían producido principalmente en Madrid.
Por todo ello, Equipo Económico reclama el archivo de la causa y el cierre de una investigación que considera excesivamente prolongada.
