La letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en el Supremo ha estimado parcialmente la impugnación hecha por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, y por la Fiscalía contra el cómputo de las costas, que ambos consideraban tanto indebidas como excesivas.
El decreto, dictado este jueves, estima parcialmente la impugnación por costas indebidas y reduce el importe de la minuta del abogado y el procurador al excluir del cómputo diferentes recursos, incluidos los 18 de apelación resueltos por el Supremo, cuyas costas solo se imponen en casos de mala fe o temeridad.
El segundo motivo por el que se impugnó la tasación fue por costas excesivas y en este caso el Supremo ha acordado seguir tramitando la impugnación pidiendo un informe sobre las minutas fijadas, por lo que el monto de las costas podría volver a variar en el futuro.
La letrada solicita este informe, preceptivo pero no vinculante, al Consejo General de la Abogacía Española de forma conjunta con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), después de que Abogacía y la Fiscalía pidiesen que no fuese elaborado por el ICAM porque este colegio ejerció la acusación en el juicio,
Al respecto, la letrada señala que no cabe «dudar de la imparcialidad» de este colegio ni sobre su competencia para elaborar el informe, pero agrega que «tampoco existe obstáculo legal» para de forma excepcional y ante las «peculiaridades» de este proceso se elabore el informe junto al Consejo General.
El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados al difundir información reservada de la investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda y le impuso una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y las costas procesales.
El ex fiscal general ya pagó la multa y la indemnización con «fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)», de la que el ex fiscal general fue presidente portavoz y quien «asume íntegramente dicho pago como propio».
