Las denuncias han sido presentadas por tres particulares, además de Iustitia Europa y el PSOE, que aprecian posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude. Con esta decisión, la operación queda ya judicializada, después de que la Fiscalía Provincial de Madrid remitiera al juzgado las actuaciones preprocesales abiertas sobre la adquisición del inmueble, valorada en 6,3 millones de euros y realizada por una empresa pública regional.
La primera denuncia fue la presentada por Iustitia Europa. Posteriormente, la Fiscalía inició una investigación preliminar que ahora ha archivado para trasladar el asunto al juzgado, al constatar que ya existían diligencias abiertas por la denuncia que correspondió por reparto a ese órgano judicial.
Al tratarse de denuncias genéricas, no se dirigen contra ninguna persona concreta, sino que ponen en conocimiento de la Justicia unos hechos susceptibles de tener relevancia penal. Si durante la investigación aparecieran indicios contra la presidenta madrileña o cualquier otro cargo aforado, la causa debería elevarse al órgano competente.
En su escrito, Iustitia Europa solicita que, si surgieran indicios racionales de criminalidad contra Díaz Ayuso o el consejero de Presidencia, García Martín, vinculados a su participación en la operación, se actúe conforme a las normas de competencia aplicables a personas aforadas.
Por su parte, la Fiscalía ha remitido también al juzgado las otras cuatro denuncias, en las que se pide investigar la actuación del Consejo de Administración de Planifica Madrid en relación con una compra que los denunciantes consideran de posible relevancia penal.
