El alto tribunal enjuicia al exministro, Ábalos, su antiguo asesor, Koldo García, y al comisionista, de Aldama por el contrato para la compra de mascarillas que suscribió Transportes en lo peor de la pandemia. La investigación sostiene que se embolsaron seis millones de euros en comisiones. La otra pata del juicio está en los contratos a dedo que hicieron las empresas públicas Tragsatec e Ineco a mujeres del entorno de Ábalos y Koldo que nunca fueron a trabajar y por los que la Abogacía del Estado quiere personarse para recuperar el dinero presuntamente malversado.
El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se lo pidió a los magistrados, pero el exasesor de Transportes se opuso y le dieron la razón porque ”el estado de las actuaciones y la continuación de la instrucción en otros órganos judiciales no permite hacer una declaración que suponga el reconocimiento de la condición de perjudicado”. Ahora recurre la Abogacía del Estado. Dice que ninguna de las empresas está siendo investigada y que, por lo tanto, no participaron del supuesto delito. Añade que con esta decisión se genera «indefensión» al Estado porque no se le permite reclamar los salarios abonados indebidamente. Una decisión, concluye, que se ha acordado en base al recurso de uno de los investigados del que no le han dado traslado para poder impugnarlo.
