El plan que ha trazado la presidenta Úrsula von der Leyen se centrará en cuatro pilares: el coste de la electricidad, los cargos de las redes, los impuestos y tasas y el coste de las emisiones de CO2. En el planteamiento inicial de la Comisión a los estados se abre la puerta a que los países sigan utilizando mecanismos de emergencia como topar el precio de la generación con gas y redistribuir los llamados beneficios inframarginales, como ya ocurrió durante la crisis energética de 2022. Eso sí, advierte de que estas medidas deberán analizarse caso por caso y diseñarse de forma que no distorsionen el mercado interior, no desincentiven la inversión en energías limpias y no disparen la demanda de gas.
Esta medida, analizada posteriormente en la última reunión del Ecofin, ha recibido ya el apoyo de países como Alemania, Italia, España, Portugal y Austria, que mediante una carta de sus ministros de Economía han mostrado su apoyo a este planteamiento que ya fue utilizado en 2022 en España y Portugal.
A la vez, Von der Leyen cierra el debate sobre la reforma del mercado mayorista de electricidad. La presidenta da por muerto el abandono de las actuales normas de mercado marginalista. «Los expertos coinciden en que un sistema basado en el mercado y en la fijación de precios marginales ofrece claras ventajas en general. En las últimas semanas, muchos de ustedes —así como una amplia variedad de partes interesadas— han advertido contra la idea de modificar este diseño fundamental», concluye Von der Leyen en una carta enviada a los presidentes de Gobierno. Asimismo, la Comisión Europea plantea impulsar los contratos bilaterales de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA) para que las industrias puedan desligarse de la volatilidad del mercado mayorista. La idea es eliminar barreras regulatorias y favorecer su uso para toda la generación baja en carbono, incluso combinándolos con contratos por diferencia (CfD).
La Comisión anticipa también que reforzará y flexibilizará los mecanismos para facilitar un apoyo más rápido y amplio a las industrias más afectadas por el encarecimiento de los precios de la electricidad a través del marco vigente de ayudas de Estado. Los gobiernos pueden compensar hasta el 80% de los costes indirectos del carbono, es decir, el sobrecoste que soportan muchas industrias por el impacto del CO2.
En segundo lugar, Bruselas propondrá acelerar redes, permisos y flexibilidad del sistema para que más renovables baratas lleguen al mercado y rebajen el precio de la electricidad.
En tercer lugar, la Comisión plantea usar mejor las redes actuales con incentivos y tecnología, evitando inversiones innecesarias y permitiendo rebajas en los peajes para la industria intensiva en energía. En esta línea, Eurelectric ha propuesto reforzar el componente de potencia en la tarifa. Su argumento es que más del 90% de los costes de red son fijos y no dependen de la energía consumida, de modo que una estructura apoyada en cargos por capacidad refleja mejor la realidad económica del sistema. En paralelo, respalda la introducción o el refuerzo de peajes horarios estáticos, con señales de precio previsibles que incentiven desplazar la demanda fuera de las horas punta, reduzcan la congestión y retrasen inversiones de refuerzo.
En cuarto lugar, Bruselas prepara una reforma del mercado de emisiones de CO2 que supondrá reducir la entrega de derechos gratuitos pero que, a la vez, pondrá en marcha una reserva de derechos para mantener la estabilidad en los precios y lanzará un instrumento de 30.000 millones (el equivalente a 400 millones de derechos de CO2) para contribuir a la descarbonización de las industrias, tal y como ya indicó elEconomista.es.
La propia presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, ha dejado claro en una carta enviada a los presidentes de Gobierno de los distintos estados, que «al considerar posibles medidas adicionales para mitigar el impacto inmediato sobre los consumidores y las empresas, debemos tener en cuenta las lecciones del pasado. Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de esas medidas eran de carácter general y no estaban bien orientadas, lo que provocó ineficiencias y unos costes fiscales muy elevados. En este contexto, es importante que cualquier medida a corto plazo no retrase la descarbonización del sistema energético, no aumente la demanda de petróleo y gas, sea temporal y específica, y minimice los costes fiscales».
Entre este plan comunitario y la petición de Economia de un nuevo impuesto a las eléctricas, se ha cruzado la Asociación Empresarial Eólica que ha advertido de que la propuesta de un nuevo impuesto para el sector energético «crea inseguridad jurídica y ahuyenta a los inversores, justo en el momento en el que más necesario es apostar por tecnologías como la eólica, como sustitutiva de la energía fósil importada». En un comunicado, la patronal eólica, de la que forman parte empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Moeve o Repsol, entre otras, alertó de que la sombra de dicho nuevo impuesto impactaría en las decisiones de inversión en las tecnologías renovables como la eólica, «que son más necesarias que nunca».
A este respecto, recordó que España es uno de los países que menos exposición tiene al gas en la formación del precio de la electricidad, ya que los consumidores de electricidad españoles «han evitado la explosión de los precios de la electricidad de otros países gracias a una aportación del 65% de las tecnologías renovables autóctonas -siendo la eólica la que más aportó con el 22% del total-«.
En este sentido, la patronal ha subrayado que el precio de la electricidad de marzo en España estuvo por debajo del precio del gas con un precio medio del mercado eléctrico español (OMIE) de 41,71 euros por megavatio hora (MWh), mientras que el del gas fue de 52,62 euros/MWh (Mibgas). Consideran de esta manera que, de haber influido el precio del gas en la fijación del precio de la electricidad con la intensidad que está ocurriendo en otros países del entorno, éste hubiera superado los 100 euros/MWh.
Así, el sector eólico, que estiman que es «uno de los sectores industriales con más presión fiscal dentro de la economía» y que el nuevo «impuesto sin justificación» propuesto por Cuerpo añade un riesgo regulatorio adicional a las energéticas, que «agravaría la ya complicada situación por el limitado crecimiento de nuevas instalaciones, incluso con bloqueos estructurales en algunas comunidades autónomas», finalizaba.
