Es decir, hay una brecha de 27.000 millones de euros, como desvela un informe de Esade conocido este jueves, que aboca a España a un acelerón de última hora para no perder cuantiosas partidas de los fondos Next Generation.
Esta diferencia se refiere solo a la partida de transferencias, sin contabilizar los préstamos, a los que España renunció en su mayoría el pasado mes de diciembre. Y la cifra real es aún mayor, porque como apuntan desde Esade «concedido no equivale a ejecutado presupuestariamente, por lo que la urgencia operativa es aún mayor».
«Actualmente no es posible determinar una cantidad exacta de fondos en riesgo de perderse de aquí a agosto», apunta por correo electrónico Hidalgo, profesor de Esade y uno de los autores del informe. Hidalgo afirma que actualmente «hay un cuello de botella autonómico y local», dado que, tras una etapa de mayor rapidez al pilotar desde el ámbito estatal, el grueso de los fondos pendientes se encuentra ahora en manos de las Comunidades Autónomas y, especialmente, de las Entidades Locales. «Al tratarse de administraciones más pequeñas que gestionan convocatorias de menor cuantía, se enfrentan a una mayor complejidad y carga en la tramitación administrativa, lo que ralentiza el proceso», explica Hidalgo.
El informe constata dos velocidades en la ejecución de las ayudas. Por un lado, el 1 % de los beneficiarios que más fondos ha recibido acapara el 71,4 % del valor total adjudicado. Se trata de las grandes infraestructuras, como las ferroviarias, los PERTE (Proyectos Estratégicos de Recuperación como el del vehículo eléctrico, el agroalimentario o el aeroespacial) o los consorcios estratégicos. Por el contrario, las empresas medianas «han recibido una fracción infinitesimal». El informe detecta también grandes diferencias entre comunidades autónomas. En términos absolutos lidera Cataluña, con 3.722 millones de euros, seguida por Andalucía, con 3.090 y la Comunidad de Madrid, con 2.475. Pero en términos per cápita el ranking lo encabeza País Vasco, con 732 euros, y Aragón, con 729.
Por sectores, la construcción concentra el grueso, con más de 13.000 millones de euros, triplicando al comercio (3.897), y en tercer lugar, la recogida y el tratamiento de aguas (2.466 millones); información y comunicaciones (3.535) y las actividades profesionales (2.300 millones).
Vistas estas cifras, Hidalgo destaca que el volumen de los fondos ejecutados es «muy considerable». Según detalla, «si se compara con el ritmo de ejecución habitual de los fondos estructurales europeos, es una cifra muy significativa». Hidalgo también considera que el programa ha puesto de manifiesto el problema endémico de la Administración española para ejecutar fondos europeos. Pese a todo ello le otorga la calificación de «aprobado», dado que el balance general es «positivo a pesar de que el proceso podría haber sido más rápido o haberse planteado de otra manera con otras administrativas».
