España fue uno de los siete países de la OCDE en los que el pasado año la subida de impuestos que gravan los salarios se comió con creces el incremento de los sueldos, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos reales.
En términos reales (descontando la inflación), los salarios en España subieron un 1,2 %, pero el tipo impositivo medio para las personas físicas se incrementó en un 1,5 %, explica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que el poder adquisitivo después de impuestos se redujo en un 0,3 %,. En su informe anual sobre la llamada cuña fiscal (el porcentaje del salario que supone el impuesto sobre la renta y las cotizaciones) publicado este miércoles, la organización señala que esa misma evolución de un mayor incremento de la fiscalidad también se dio el pasado año en Austria, Estonia, Alemania, Corea del Sur, México y Reino Unido. Las mayores pérdidas de poder adquisitivo después de impuestos, que se calculan tomando como referencia los niveles de salarios medios de cada país, se constataron en Estonia (11,5 %), Reino Unido (2,7 %) y México (2,4 %), en los tres casos por aumentos de impuestos mayores que en España.
Un repartidor trabaja en las calles de Valladolid. EFE/Nacho Gallego
También hubo otros tres países (Canadá, Israel y Japón) en los que bajó o se estancó la renta en términos reales, pero porque los salarios disminuyeron cuando se descuenta la inflación. Sin embargo, en 28 de los Estados miembros los ingresos reales progresaron porque se incrementaron los sueldos, y cuando también lo hicieron los impuestos fue en menor proporción.
Los autores del estudio no han querido hacer los cálculos de esa pérdida o ganancia de poder adquisitivo después de impuestos porque, a su parecer, ese indicador «no da más que una visión parcial del ingreso disponible global de los trabajadores».
La razón es que no tiene en cuenta los beneficios que pueden sacar de otras medidas de los poderes públicos que tienen consecuencias sobre ese poder adquisitivo, por ejemplo para reducir el costo de los productos básicos, de la sanidad o de la educación.
La cuña fiscal, es decir la suma del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones salariales y patronales ascendió el pasado año en 24 países de la OCDE, mientras disminuyó en 11 y se mantuvo sin cambios en los tres restantes.
Representó una media del 35,1 % del salario, 0,15 puntos porcentuales más que en 2024, mientras en España fue del 41,4 % del sueldo, con un alza que fue el doble que en el conjunto de la organización, en concreto de 0,31 puntos, sobre todo a causa del alza del impuesto sobre la renta (0,25 puntos adicionales) y en menor medida de las cotizaciones.
España fue, para un trabajador soltero y sin hijos (que es la principal referencia en los estudios comparativos), el décimo país con el mayor gravamen fiscal sobre los salarios, lejos de los que encabezaban la lista: Bélgica con un 52,5 %; Alemania con un 49,3 %; Francia con un 47,2 %; Austria con un 47,1 %; e Italia con un 45,8 %.
Como siempre, Estados Unidos se quedó bien detrás de la media con una cuña fiscal del 30 %, y entre los cuatro que cerraban la lista figuraban tres de los cuatro miembros latinoamericanos de la organización: México con un 21,7 %, Chile con un 7,5 % y Colombia con un 0 %. Colombia es un caso particular, porque un trabajador soltero sin hijos con un salario medio está exento del impuesto sobre la renta y sus cotizaciones para la sanidad y la jubilación no tienen una consideración fiscal, sino que en términos de contabilidad oficial son «pagos obligatorios no fiscales».
En cualquier caso, el país de la OCDE con el costo de la mano de obra más cara fue Alemania, donde las empresas tenían que pagar de media 113.595 dólares en paridad de poder adquisitivo, seguido de Suiza (113.350), Bélgica (111.350), Austria (110.216), Luxemburgo (105.925) y Países Bajos (104.614).
En esa clasificación, España se quedaba en la décimo novena posición (de 38) con 75.101 dólares en paridad de poder adquisitivo, ligeramente por encima de la media de 74.072. Cerraban la tabla los cuatro latinoamericanos: Costa Rica (41.725), Chile (30.615), México (23.537) y Colombia (20.534).
Al desgranar el sistema español, el informe detalla que el mayor peso de los impuestos al trabajo recae, como viene sucediendo desde hace años, en las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por la empresa, que representan el 23,4% de los costes laborales totales, una cifra que se sitúa muy por encima de la media de los países que conforman el bloque, del 13,5%. A continuación está el IRPF, con un peso en España del 13,1%, en este caso por debajo de la media del club que reúne a las economías ricas (13,4%). Por último están las cotizaciones del propio trabajador (un 5% en España y un 8,1% en la media de la OCDE).
El informe también arroja luz sobre algunas particularidades que hacen de España un sistema de contrastes, especialmente en cómo incentiva o penaliza el aumento de los ingresos. Un aspecto destacado es el esfuerzo por proteger a quienes entran en el mercado laboral con sueldos modestos a través de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. Esta medida, que en 2025 se ha reforzado para rentas netas inferiores a los 19.747 euros anuales, provoca un aumento muy brusco de la progresividad en el primer tramo de ingresos. Gracias a esto, España es uno de los países de la OCDE donde la progresividad aumenta de forma más brusca al inicio de la escala salarial, según reconoce el organismo.
De hecho, la cuña fiscal para el trabajador soltero sin hijos se incrementa de forma progresiva a medida que aumentan los ingresos: se sitúa en el 37,9% para quienes ganan el 67% del salario medio, sube al 41,4% para el sueldo medio y alcanza el 46,2% para rentas más altas situadas en el 167% del promedio nacional.
Sin embargo, el estudio advierte también que en España, al igual que en otros países desarrollados, existen puntos críticos donde el trabajador se enfrenta a tipos marginales efectivos en ciertos tramos de su renta que pueden escalar hasta el 70% y que se explican porque, al ganar un poco más de dinero, el contribuyente pierde simultáneamente el derecho a percibir ayudas sociales o deducciones fiscales vinculadas al nivel de ingresos.
Por el contrario, el sistema español presenta un comportamiento muy distinto en los niveles de renta más altos debido al efecto de los topes de cotización. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España las aportaciones a la Seguridad Social no crecen indefinidamente con el sueldo, sino que tienen un techo máximo fijado en los 58.914 euros anuales para 2025. A partir de ese umbral, el tipo marginal de las cotizaciones cae repentinamente, lo que provoca que el sistema pierda fuerza redistributiva en la parte superior de la tabla.
