En conjunto, entre mayo de 2025 y marzo de 2026, el coste de operar el sistema en modo reforzado asciende a 666 millones de euros, según datos del operador del sistema, que estima que esto supone un «2,12% de los costes totales del sistema eléctrico español, que en este periodo han superado los 31.349 millones».
Así, para un hogar medio de tres o cuatro miembros -con un consumo de alrededor de 300 kWh/mes- que tenga contratada la tarifa PVPC, el impacto en factura será, según las estimaciones del operador, unos 4 céntimos al día, por lo que, desde el impacto en las facturas de estos hogares asciende, en el último año, a unos 15 euros. Otro de los costes en el que incurrió el sistema, en este caso aquel mismo 28 de abril, fue el coste que supuso que el sistema eléctrico pudiera volver a funcionar. En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia sitúa el coste de reposición del sistema en una horquilla que oscila entre los 34,3 y los 51,6 millones de euros. Un importe que, en su propuesta de resolución, el regulador pretende liquidar en el plazo de un año, cargándolo en las facturas de la luz de los consumidores en el mercado regulado y de aquellos que acuden directamente al mercado a contratar su energía, lo que supondría un coste extra de entre 0,14 y 0,21 euros/MWh, aunque parte de ese importe ya se ha liquidado, con lo que el recargo en la factura sería algo inferior. Estos son los costes que, para los hogares, ha supuesto -y sigue suponiendo- el apagón. A ellos se suma también el impacto sobre un tejido productivo que, aquel día, dejó de generar ingresos a partir de las 12.30 de la mañana.
En este epígrafe se incluirían, por ejemplo, la pérdida de ingresos derivada de la caída en el consumo de los hogares, que CaixaBank cifra en un 34% -unos 400 millones de euros- o el impacto en la industria electrointensiva, cuya patronal, AEGE, estimó pérdidas por valor de 25 millones de euros. En este sentido, compañías como Repsol ya han avanzado que sus reclamaciones contra las distribuidoras en los tribunales ascienden hasta los 125 millones de euros.
