«Por eso es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante de confesión como muy cualificada», que ha dejado en cinco años y dos meses la condena instada por el abogado Durán, en representación del PP y de la acusación popular unificada. Incluso, también, «admisible, lo hace también su defensa, apreciar o valorar la atenuante privilegiada del apartado 4 del artículo 570» del Código Penal, que dejaría una futura y eventual condena en menos de dos años de prisión.
Así las cosas, en un mensaje subliminal a su superior jerárquica, Luzón ha resaltado la inestimable colaboración de Aldama, de quien ha dicho que su cooperación ha sido clave para revelar aspectos de la trama que eran, en un principio, desconocidos para los investigadores. Y se ha desmarcado, con ello, de la negativa de Peramato a mejorar, incluso por debajo de los siete años de cárcel instados, la condena máxima a la que se enfrenta el acusado, a quien ha defendido de aquellos que lo han señalado como un «ornitorrinco procesal».
Si queremos luchar contra las organizaciones criminales debemos recompensar a quienes salen de entorno criminal y lo denuncian. De otro modo, la ley del silencio se impondrá en cualquier investigación de corrupción
Una expresión que, hasta la fecha, solo se había empleado en una sola ocasión, en 25 años, con ánimo peyorativo y que ha vuelto a replicarse en el Supremo, durante las sesiones del juicio del caso Mascarillas, en boca de la abogada de Koldo García Izaguirre, la letrada Letizia de la Hoz.
El fiscal ha valorado el coste que ha tenido para Aldama su autoinculpación, que ha servido como base, corroborada por otros elementos, para acreditar muchos de los hechos que eran objeto de la causa. «La prueba es tan abundante», ha sostenido Luzón, que la declaración del empresario no ha sido decisiva, «pero sí lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación».
Un comportamiento que lejos de las críticas que está recibiendo en nuestro país, sí se toma en cuenta y se premia en las normativas europea y anglosajona. «La incentivación de la colaboración de personas que han tomado parte en el delito mediante la rebaja o exención de la pena es una necesidad, sentida cada vez más, en política criminal para tener prueba de delitos que, de otra forma, difícilmente puede ser alcanzada», ha expuesto Luzón.
El jefe Anticorrupción no ha querido desaprovechar la ocasión de defenderse frente a los ataques que, en los últimos días, ha recibido de las terminales mediáticas y políticas más afines al Gobierno por esta cuestión. «Frente a la cansina letanía del pacto de Aldama con el fiscal, lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley».
«No necesita la Fiscalía de negociaciones, pactos, reuniones con acusados, testigos, peritos, de otro lado legítimos. Pactos por los que, con notoria mala fe, preguntan las defensas», ha remachado. Precisamente, poniendo en valor que, ahora mismo, y en paralelo con la trama del caso Mascarillas, el Ministerio Público mantiene vigentes varias acusaciones relevantes en diferentes juicios de «corrupción política» como Kitchen, que atañe al Partido Popular de la era de Mariano Rajoy, y el de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol.
No obstante lo anterior, el jefe Anticorrupción sí ha destacado el papel de José Luis Ábalos como «jefe», dado que así se referían a él de forma constante, tanto Koldo, como otros elementos de la trama e, incluso, «la secretaria del señor Aldama». En relación con este último y pese a que la consideración de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, durante su comparecencia fue señalarlo como cúspide, porque «quien paga, manda» dijeron los investigadores, el fiscal Luzón ha subrayado que «Aldama no interviene en alguno de los delitos por los que están acusados Ábalos y Koldo», motivo que justifica la diferencia sustancial en la petición de penas de prisión, entre uno y otros. Como tampoco «era el ‘número 1’ el presidente del Gobierno», ha dicho el fiscal, en respuesta al señalamiento directo del empresario a Pedro Sánchez, durante su declaración como acusado.
Por el contrario, para Luzón, queda claro que Ábalos, «en raras ocasiones, descendía al terreno de juego», pese a que era quien tomaba las decisiones, porque para ello estaba Koldo, cuya omnipresencia en la mayoría de los asuntos gestionados, «desciende» de la figura de su entonces jefe, el ex ministro. «Ábalos no llama» porque «para eso tiene a su ex asesor, tras el que actúa parapetado», ejerciendo un papel crucial, dice el fiscal, aunque su actividad pareciera menor que la de su «lugarteniente».
Por ello, recuerda como la ex amante del ex ministro, Jéssica Rodríguez se refería a Koldo como la «sombra» de Ábalos, de quien era «correa de transmisión», según indicó la UCO. Lo cierto es que para el jefe Anticorrupción «se entendía que Koldo actuaba siempre en nombre y por cuenta de Ábalos» porque, como el propio asistente aseguraba, «de lo contrario podían rodar cabezas». Koldo era esencial, el «interlocutor natural» para hablar con el ministro, según Luzón, parafraseando a la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Por el contrario, Aldama conectó sus intereses propios con la Administración estatal, en concreto del Ministerio de Transportes, para favorecer a sus empresas, actuando como corruptor que, en este caso, ostenta también la consideración de «arrepentido», habitual en todas las organizaciones criminales, por su colaboración con la Justicia que, de este modo, le ha reconocido el fiscal de la causa. Además de la operativa que correspondió a cada uno de los miembros implicados, para Luzón es determinante en la identificación de la existencia de una «organización criminal», el uso términos encubiertos para referirse al «asunto», como las «chistorras», los «soles» o las «lechugas» que hacían referencia al dinero en efectivo; o, de líneas telefónicas seguras: el «café», en el argot de las organizaciones criminales, tal y como confirmó la UCO.
Luzón ha reparado en cómo la estructura criminal, que tradicionalmente han estado vinculadas a otro tipo de delitos, se ajusta en este caso a los nuevos tiempos, en una «simbiosis perfecta» en la que «unos aportan la capacidad económica y otros su posibilidad de remover los obstáculos» legales y administrativos que han de relajarse para conseguir los objetivos. Por ello, asegura el fiscal que «no debe extrañar por tanto la presencia de un todo un ministro [José Luis Ábalos] en la trama». A todo lo anterior ha de sumarse la «vocación de permanencia en el tiempo» de una trama que operó durante varios años y proyectó su continuidad, «de manera que solo la salida de Koldo y Ábalos» del Ministerio se confirma como el principio del fin de los propósitos delictivos, ha expuesto Luzón.
Precisamente, Luzón ha destinado una buena parte de su intervención en sintetizar las evidencias de la comisión de los diferentes delitos que pesan sobre los acusados. Todo ellos confirmados «en cadenas de Whatsapp y mensajes» que no han sido cortados, ni retocados; y, que, junto con «una extensísima prueba» y la «abrumadora existencia de evidencias digitales» permiten concluir la existencia de una estructura de corrupción que «no arranca con el pago de 10.000 euros mensuales», que se atribuye de Aldama a Koldo, explica el fiscal. La colaboración se materializa, al principio, a través de «pequeños favores», regalos, viviendas vacacionales, a partir de lo cual «resulta mucho más natural» que se normalicen y se regularicen «los pagos recurrentes». De hecho, la compra del chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, tal y como declararon la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, era una «recompensa» por la gestiones realizadas desde Transportes para agilizar y asegurar que la empresa de hidrocarburos Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, socio de Aldama, obtuviera la licencia de operadora en el mercado del crudo.
Y, en este sentido, para Luzón, «da igual si fueron Koldo y Ábalos los que se dirigieron a Víctor de Aldama o fue éste el que se ofreció a los primeros». Entre otras cuestiones porque el ordenamiento español no atiende a una distinción entre el corruptor y el corrompido, castigando más al primero frente a los segundos o cargando un mayor reproche al segundo frente al primero de ellos.
Sea como fuera, durante su exposición, el fiscal jefe Anticorrupción considera que Ábalos y Koldo contaron, gracias a su intervención en la trama, con una fuente «opaca» de ingresos en efectivo que no se explica en base a las hojas de liquidación de gastos con el PSOE , como alegó el ex asesor para tratar de desmontar el incremento patrimonial irregular que se le atribuye. Dichos documentos están «huérfanos de detalle y nada demuestran», asegura Luzón.
Muy por el contrario, lo cierto es que los ingresos irregulares son los que explican tanto que Ábalos no necesitase hacer disposiciones bancarias para mantener su nivel de vida, sino que era suficiente con el metálico que «le proporcionaba» Koldo quien, en una de las conversaciones incautadas por la UCO, llega a escandalizarse por el gasto de 400.000 euros en el que Ábalos ha incurrido en un plazo de dos años.
Parte del efectivo que circulaba en la trama, procedía de Aldama a quien Luzón considera probado que se le proporcionó información privilegiada y anticipada de que el Ministerio de Transportes necesitaba comprar mascarillas a través de Puertos del Estado. Conocedor de la situación, el empresario concertó con el entonces ministro y su asesor que se comprasen a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, con la que dejaron cerrado el monto de 8 millones de unidades. Una decisión que tomó el empresario, «ocho o nada». Un elemento que explicaría por qué, poco después, llegaron otras empresas con ofertas, «todas mejores» que no tuvieron ninguna opción porque lo que se hizo fue «adaptar la contratación a este acuerdo» y no a la inversa.
En este sentido, Luzón ha dicho que no importa la corrección o no de los procedimientos utilizados para «vestir el muñeco» del contrato, porque en el caso de «urgencia» y bajo el paraguas del «estado de alarma» no hay un proceso tasado y medido como sucede en períodos ordinarios. «De ahí que no hayamos acusado por prevaricación» a ninguno de los acusados, ha explicado el fiscal Luzón a la Sala.
Sobre las contraprestaciones que Ábalos pudo recibir de la trama, en especie, el fiscal ha hecho referencia expresa y detallada al pago del piso de la que fuera ex amante del ex ministro, Jéssica Rodríguez, en Torre España, sobre el cual Luzón no ha encontrado rastro alguno de que se tratase de un inmueble de empresa. «No hay la mínima evidencia documental de eso», ha puesto de manifiesto. Como, tampoco «se ha encontrado» ninguna al respecto de quién presentó a los amantes, porque nada apunta a Aldama, aunque este dato sería indiferente porque no conlleva ninguna «trascendencia» penal, ha apostillados el fiscal.
Muy al contrario, sí la tuvo la contratación de la joven en al menos dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, en el marco de un «contexto cuasicolonial» donde, si bien no hay una orden explícita y directa de Ábalos, su «mera sugerencia» en el sentido de proporcionar un trabajo a Jéssica, terminó convertida en una orden «ejecutiva». De hecho, la propuesta adquirió tal trascendencia que implicó la actuación de la presidenta de Adif, Pardo de Vera, a la que llamó Koldo y fue «descendiendo por una corte servil» que consuman la incorporación y que evitan molestarla no para que trabaje tranquila , sino para que «no trabaje». Un escenario que no podría haberse replicado, en ningún caso, en una empresa privada que, de acuerdo con las afirmaciones de Ábalos en su propia defensa es donde él tuvo en mente, en todo momento, ayudarla.
Para el fiscal, el hecho de que fuese Pardo de Vera la que remitiese el CV de la joven no es inocuo frente a la declaración que hizo, como testigo, la ex alto cargo. «Dependiendo de quién envíe un CV» la trascendencia del hecho tiene una lectura u otra muy distinta, ha discrepado Luzón, contraviniendo el carácter inocuo que la implicada concedió a su papel en el trámite.
