Un portavoz del Tribunal de Cuentas Europeo ha explicado que estos fondos europeos «están vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos y no a los gastos declarados ni a las facturas». Por lo tanto, «los costes reales no son directamente rastreables a través de los flujos de pago de la Comisión a los Estados miembros».
De ahí que «hemos recomendado reiteradamente que los Estados miembros informen no solo sobre los hitos y objetivos, sino también sobre los importes efectivamente gastados en cada medida y sobre los beneficiarios finales de la financiación»
Por lo tanto, siguiendo la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión debería estar informada de esos «casos debidamente justificados» que habrían desviado casi 2.400 millones de euros para el pago de las pensiones. Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea aseguran que habían pedido información sobre el uso de ese dinero.
Según el Tribunal de Cuentas Europeo, la transparencia en la información de los gobiernos «permitiría a los responsables políticos, auditores, el Parlamento Europeo y la ciudadanía tener una visión más clara en todo momento sobre cómo se utilizan los fondos de la UE y si los recursos se gastan de forma eficiente y para los fines previstos».
El Tribunal de Cuentas, ha identificado «deficiencias» en la información que publica España sobre los mayores beneficiarios de los fondos europeos de recuperación, al tiempo que advierte de que las autoridades españolas comunican cantidades «asignadas» en lugar de importes «recibidos», como exige la normativa comunitaria.
