Reformas en marcha del Estatuto de los Trabajadores, nuevas obligaciones de cotización para becarios desde 2024 (Real Decreto-ley 2/2023) que se ha ampliado en 2025, medidas como la futura reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales o el nuevo registro de jornada con acceso directo a la ITSS reflejan un escenario de cambio constante que afecta de forma directa a empresas y trabajadores.
A ello se suman situaciones recientes que evidencian los riesgos de esta inestabilidad. La no convalidación del denominado “decreto ómnibus” a comienzos de 2026, que incluía medidas clave en materia de cotización, pensiones y salario mínimo, ha generado un escenario de incertidumbre jurídica con impacto inmediato en la gestión laboral de miles de empresas. Como viene ocurriendo en los últimos años, la tardanza en aprobar el SMI o las bases mínimas de cotización – BOE 31/3/26 y con entrada en vigor 1/4/2026 en plena semana santa- además de una incertidumbre jurídica produce en los profesionales una carga de trabajo innecesaria, con la modificación de nóminas una vez conocido el nuevo SMI y de los seguros sociales una vez publicadas las bases mínimas de cotización. Esta realidad pone de manifiesto una cuestión fundamental: un sistema laboral no puede funcionar correctamente si sus reglas cambian de manera constante o, peor aún, si quedan en suspenso.
La estabilidad normativa no es una cuestión meramente técnica, sino un pilar esencial para la seguridad jurídica. Empresas y trabajadores necesitan marcos claros y previsibles que permitan planificar decisiones a medio y largo plazo. Sin esa estabilidad, aumentan los errores en la aplicación de la norma, se incrementa la conflictividad y se ralentiza la actividad económica.
Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social lo confirman mediante las estadísticas de mediación, arbitraje y conciliación, publicadas en su web. Solo en el primer semestre de 2025 se tramitaron cerca de 240.000 conciliaciones laborales individuales en España, de las cuales más de un 35% terminaron con acuerdo entre las partes. Este volumen refleja no solo la intensidad de los conflictos laborales, sino también la importancia de los mecanismos extrajudiciales para resolverlos de manera eficaz.
Es precisamente en este ámbito donde los graduados sociales desempeñan un papel decisivo. Su intervención en procesos de conciliación, mediación y asesoramiento permite canalizar conflictos y evitar la judicialización de miles de casos. En un sistema donde los juzgados de lo social llegan a fijar juicios con años de retraso, la labor de estos profesionales resulta esencial para garantizar una justicia ágil y efectiva. Así, es que se están desarrollando iniciativas de mediación intrajudicial laboral en las Plazas de la Sección Social y Sala Social TSJ de Burgos y, más recientemente ante los órganos judiciales de CCAA de Andalucia tras la firma de un convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Justicia y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
Además, las recientes reformas normativas o jurisprudenciales -especialmente los pronunciamientos que nos llegan desde el TJUE- no solo han incrementado la complejidad del sistema, sino también la carga técnica de su aplicación. El análisis de la posible indemnización adicional a la legalmente establecida en los despidos, nuevas interpretaciones sobre retrasos salariales, la adaptación del puesto o reubicación tras la declaración de una incapacidad permanente, tiempo de trabajo efectivo, nuevos permisos laborales entre otras muchas cuestiones obligan a una constante actualización por parte de los profesionales. En este contexto, los graduados sociales actúan como intérpretes cualificados de la norma, asegurando su correcta aplicación en el día a día de empresas y trabajadores.
Sin embargo, no se puede pretender que estos profesionales compensen, por sí solos, las disfunciones de un sistema normativo inestable. Cada cambio legislativo implica costes de adaptación: revisión de contratos, actualización de nóminas, modificación de políticas internas y formación continua. Este impacto recae especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base del tejido productivo español.
Una normativa laboral estable favorece la eficiencia, porque reduce estos costes de adaptación; refuerza la confianza, porque permite tomar decisiones informadas; y contribuye al crecimiento, al generar un entorno más previsible para la inversión y el empleo. Por el contrario, la volatilidad normativa introduce incertidumbre y dificulta el desarrollo económico.
Por ello, resulta imprescindible avanzar hacia un modelo legislativo más coherente, previsible y consensuado. La calidad de la norma no debe medirse únicamente por su capacidad de adaptación, sino también por su claridad y su permanencia en el tiempo.
En este escenario, los graduados sociales se consolidan como una pieza clave del sistema laboral. Su conocimiento técnico, su cercanía a la realidad empresarial y su papel en la resolución de conflictos los convierten en actores imprescindibles para garantizar el equilibrio entre derechos y obligaciones. Pero su labor solo puede desplegar todo su potencial en un entorno de estabilidad normativa.
La estabilidad no significa inmovilismo, sino responsabilidad. Significa legislar con rigor, con visión de futuro y con respeto por quienes deben aplicar la norma cada día. Solo así será posible construir un sistema laboral eficiente, justo y verdaderamente funcional.
