Así lo desvela una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios a una muestra representativa de la población española de entre 25 y 94 años y según la cual de un año para otro el número de personas que reciben más de 10 llamadas al mes ha aumentado del 37% al 58%, tal y como precisó este lunes la asociación en un comunicado. Tras advertir de que “habrá que esperar a que transcurra el plazo de adaptación” de 12 meses “para confirmar su alcance real”, la organización urgió a las empresas que comercializan servicios básicos a que empiecen a utilizar los prefijos 400 en sus llamadas comerciales, una norma obligatoria a partir del próximo octubre que, a su juicio, “al menos permitirá distinguir estas llamadas del resto y rechazarlas sí así se desea”.
En paralelo, emplazó a la Administración a implementar un registro público que identifique su procedencia, de modo que el usuario “pueda saber quién le llama y denunciar posibles abusos”.
No obstante, OCU recordó a los usuarios que un nuevo contrato que se origine con una llamada comercial no consentida se considera no válido. “Es más, desde el próximo 12 de junio se prohíbe la contratación telefónica del suministro de electricidad, salvo petición previa del usuario o que la llamada haya sido iniciada por él”, agregó, al tiempo que dijo esperar que esa condición se extienda al suministro de gas. En estos casos anima a reclamar a la compañía por escrito, identificando las fechas y el tipo de llamada recibida.
Por último, OCU destacó las “molestias” que estas “malas prácticas” causan a los usuarios, que se ven obligados a desarrollar distintas estrategias, como que el propio móvil detecte las posibles llamadas de spam (que ya emplean un 45% de los encuestados); o apuntarse a la lista Robinson de exclusión publicitaria (18%). Junto a ello, mencionó bloquear el número tras comprobar que es una llamada comercial (70%) o no coger la llamada de un número sospechoso o desconocido (43%).
En este contexto, exigió se “garantice cuanto antes” el derecho del consumidor para identificar “de forma sencilla” a la empresa, de manera que pueda ejercer “fácilmente” sus derechos de protección de datos.
Por último, insistió a las autoridades competentes sobre la necesidad de llevar a cabo controles e inspecciones, sobre todo en los sectores más denunciados, como son energía, telecomunicaciones y finanzas, “especialmente” de los callcenter que trabajan para estas empresas.
