El primero en tener que reaccionar fue el propio presidente, que ante la incomodidad de las preguntas que se le venían encima desapareció de la Camara en veinte minutos sin dar opciones a preguntas incomodas viniesen de donde viniesen.
De lo poco que dijo frente a Feijoo, sus muchachos y muchachas han sacado una buena chuleta y no se salen del modelo, Es mas,
no hay sorpresa en los mensajes: presunción de inocencia, confianza en la Justicia, defensa del legad.
Las únicas modificaciones que se permiten son en el tono: más defensivo que convincente, más homogéneo que sólido.
Los ministros socialistas han optado por una línea clásica de cierre de filas. Apelan a la trayectoria personal del expresidente y trasladan la carga de la prueba a quienes acusan, en un intento de despolitizar el caso. Sin embargo, esa estrategia, aunque comprensible, evidencia una cierta falta de margen: el Gobierno no tiene una narrativa propia más allá de confiar en que el tiempo judicial rebaje el impacto político.
Y el tiempo, en política, rara vez juega a favor cuando el escándalo es de esta magnitud.
No estamos ante un episodio menor. La imputación de Zapatero —la primera de un expresidente en democracia— abre un frente inédito y sitúa al Ejecutivo en una posición delicada. La reacción inicial del sanchismo, como señalan diversos análisis, osciló entre el shock interno y el cierre de filas casi automático, con el liderazgo del PSOE pidiendo explícitamente defender su “buen nombre”. Esa combinación explica el tono de los ministros: prudencia formal, respaldo político y, sobre todo, ausencia de autocrítica o distancia.
Sin embargo, el problema no es solo jurídico, sino político. Porque mientras los ministros se refugian en el respeto al proceso, el caso ya está teniendo efectos en la percepción pública. Incluso dentro del espacio progresista se admite que situaciones así generan “desazón” y “desafección”, como señaló el propio Bustinduy, rompiendo parcialmente la disciplina discursiva. Esa grieta, aunque pequeña, es significativa: revela que el impacto no se limita a la oposición o al ruido mediático.
El contraste es evidente. Mientras el ala socialista transmite serenidad institucional, el socio minoritario admite el desgaste emocional. Mientras unos repiten el guion, otros verbalizan el problema. Esa disonancia sugiere que el Gobierno aún no ha definido una estrategia plenamente coherente para afrontar la crisis.
Además, la insistencia en separar el caso de la acción de Gobierno —“seguimos centrados en transformar España”— apunta más a una necesidad que a una convicción.
Porque la realidad es que la imputación ya ha alterado el contexto político: introduce dudas, erosiona credibilidad y ofrece a la oposición un argumento potente para cuestionar al Ejecutivo. De hecho, la propia noticia ha sido leída como un “golpe durísimo” al núcleo del sanchismo, dada la cercanía política entre Zapatero y Sánchez
En este escenario, la respuesta de los ministros transmite una sensación de provisionalidad. No niegan la gravedad, pero tampoco la afrontan plenamente. Se limitan a ganar tiempo, a esperar acontecimientos, a sostener políticamente a una figura clave mientras se clarifica el proceso judicial.
En definitiva, más que una estrategia, lo que se percibe es una reacción: disciplinada, contenida, pero insuficiente para cerrar una crisis que apenas comienza. Porque cuando la política se limita a esperar a los tribunales, suele ser señal de que no tiene una respuesta propia. Y en este caso, el sanchismo, efectivamente, parece no saber muy bien qué hacer.
