Apetición de la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Víctor de Aldama ha declarado, como investigado en la Audiencia Nacional por el ‘caso mascarillas’ que se sigue contra los miembros no aforados de la trama. Una comparecencia en la que el comisionista confeso ha confirmado que si bien no hubo «nadie» en Baleares que cobrase por la compraventa de material sanitario, en pandemia, a Soluciones de Gestión, exculpando con ello a la entonces presidenta del Govern Francina Armengol, sí apuntó directamente al hoy ministro Ángel Víctor Torres como beneficiario de dichas ‘mordidas’, cuando estaba al frente del Ejecutivo canario.
Además, Aldama ha ratificado, cómo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’, utilizaba teléfonos analógicos desechables, como publicó El Debate en exclusiva y negó el propio interesado.
Así las cosas, Aldama ha manifestado ante el juez Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la AN, que los presuntos pagos regulares que efectuó, por valor de 10.000 euros mensuales, a Koldo García Izaguirre, el ex asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, no se circunscribían únicamente a los contratos de mascarillas, sino que también respondían a los presuntos amaños de obra pública, en los que también estaría implicado el ex socialista Santos Cerdán, sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, en Ferraz.
Asimismo, el presunto conseguidor ha relatado cómo Koldo presumió delante de él de la relación que mantenía con la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Si bien Aldama ha dejado a ésta fuera de la ecuación principal, la que habla de las comisiones irregulares o los tratos de favor a cambio de contraprestaciones en especie, como sí recibieron otros altos cargos, de acuerdo con los informes aportados por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil al magistrado.
En uno de dichos atestados se insistía en cómo los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, «constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo», una relación que le permitía al empresario, según los investigadores, «tener acceso» al exministro Ábalos para formalizar otro tipo de gestiones o favorecer la tramitación de ayudas, obtención de licencias o, incluso, retirar sanciones tributarias a las empresas afines a la trama.
Asimismo, las pesquisas de los agentes apuntaron que la «relación económica» ya acreditada en la causa pendiente de sentencia en el Supremo, se mantuvo hasta diez meses después tarde de Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes, en julio de 2021, por lo que «este patrón» de pagos de Aldama no se ceñiría «a actuaciones concretas» sino «al aseguramiento de su capacidad de influencia» para obtener «un lucro económico» para él mismo y para terceros empresarialmente vinculados.
