La firma dispone de una división (Prosegur Crypto) con un criptobúnker destinado a proteger este tipo de activos en sus oficinas centrales de Madrid. Los profesionales a cargo de la investigación sospechan que se habría hecho uso de monedas virtuales dentro de las investigaciones por blanqueo de capitales, falsedad documental y apropiación indebida.
En concreto, el juez solicita la «intervención de cuantos efectos y documentos, cualquiera que sea su soporte, guarden relación con los hechos investigados descritos en la presente resolución, y que pudieran constituir delito de tráfico de influencias, blanqueo de capitales u otros delitos relacionados con los hechos investigados, así como de dinero, criptomonedas y cualesquiera otros bienes o activos que por su valor puedan tener relevancia en orden a responder de las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la presente causa».
Para dotar a esta medida de la máxima seguridad jurídica y operativa, el Juzgado detalla un protocolo concreto de depósito. La custodia técnica de las criptomonedas se realizará a través de la entidad Prosegur Custodia de Activos Digitales. Este procedimiento se ampara en un expediente de contratación específico de la Secretaría de Estado de Seguridad, articulado precisamente para proveer al sistema institucional de una plataforma tecnológica de alta seguridad destinada a la gestión, conservación y custodia de criptoactivos intervenidos en causas judiciales.
