Aunque ha reconocido que es la principal herramienta contra la pobreza en España, ha advertido de importantes debilidades en su diseño y de problemas en la gestión por parte de la Seguridad Social, en una prestación que ya supera los 17.780 millones de euros de gasto.
Chicano señala que el IMV carece de un objetivo claro vinculado a niveles concretos de pobreza, lo que limita su eficacia real. Según explica, la ayuda se orienta principalmente a cubrir un umbral de renta, pero no a alcanzar metas específicas de reducción de la pobreza.
El informe del Tribunal también pone de relieve retrasos significativos en la tramitación: el 43% de las solicitudes supera el plazo legal de seis meses, una demora especialmente grave dada la vulnerabilidad de los beneficiarios. A ello se suma la crítica de colectivos sociales, que denuncian una contradicción entre la lentitud para conceder ayudas y la rapidez para exigir devoluciones, a menudo por errores administrativos o revisiones tardías.
En muchos casos, la Seguridad Social reclama prestaciones meses después por cambios en la situación económica o familiar, incluso cuando han sido notificados, lo que genera deudas difíciles de asumir para hogares vulnerables.
El informe también subraya la falta de coordinación entre administraciones. Aunque las comunidades autónomas gestionan la inclusión social, el IMV depende del Estado, y la comisión de seguimiento prevista no se constituyó hasta 2024, cuatro años después de su creación.
Chicano propone simplificar requisitos y mejorar el acceso para aumentar la eficacia del IMV. Esta recomendación se enmarca en un problema más amplio: su alcance limitado. Según la AIReF, la prestación llega solo al 20% de la población en situación de pobreza, cuando podría alcanzar hasta el 50%.
El Tribunal recuerda además que en 2024 había 9,6 millones de personas en pobreza relativa en España, una cifra similar a la de 2019 pese al despliegue del IMV, lo que cuestiona el impacto global de la medida.
