La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’ que requiera a diferentes bancos los movimientos que se hayan producido en cuentas del PSOE desde 2024 hasta la actualidad.
En un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO pide al juez Santiago Pedraz que reclame a las entidades «cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases relativa a las cuentas bancarias».
También aboga por que requiera información bancaria de varios investigados, como el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Para «agilizar» la investigación, los agentes interesan que la información bancaria sea remitida por las entidades financieras directamente a los propios agentes investigadores.
Asimismo, quieren que «se autorice que los agentes de la Guardia Civil que actúan en esta investigación puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan».
Y también piden al juez que reclame a la Agencia Tributaria un «informe de suministros» con información que tenga, de los años 2024 y 2025, sobre el PSOE, el PSC y personas investigadas en la causa.
La petición de la Guardia Civil, fechada el 1 de junio, amplía el perímetro de la investigación e incluye al ex dirigente socialista Gaspar Zarrías y a casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre ellas empresas de comunicación, en lo que supone un nuevo aldabonazo judicial sobre la financiación del partido gobernante. En un oficio remitido al magistrado, la UCO pide que se reclame «información adicional tributaria y bancaria» de los dos partidos, así como de diversas empresas, incluida Zaño Sociedad, propiedad de Zarrías. La lista de investigados también comprende a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
Sobre cada uno de los afectados, la UCO ha solicitado un caudal prolijo de información: cuentas bancarias en las que figuren como titulares, rentas declaradas, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, activos en el extranjero, donaciones y declaraciones fiscales.
El organismo policial ha pedido igualmente al juez que requiera a las entidades del Grupo IKI –empresa editora de la web Crónica Libre– la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago relativos a las «relaciones comerciales» mantenidas con el PSOE y el PSC en 2024 y 2025.
