Bruselas ha enviado una nueva carta de emplazamiento en la que incorpora la Directiva de Requisitos de Capital, en vigor desde enero, y aún no plenamente trasladada a la legislación española. Según la Comisión, las disposiciones utilizadas por el Gobierno resultan incompatibles con este marco y agravan las dudas ya planteadas en 2025.
España dispone de dos meses para responder. Si la respuesta no es satisfactoria, el proceso podría avanzar a un dictamen motivado y, en última instancia, acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El origen del conflicto está en cómo se aplicó la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación, así como en el margen discrecional que la normativa otorga al Ministerio de Economía. Bruselas entiende que estas facultades invaden competencias del Banco Central Europeo y vulneran principios clave como la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
Aunque la opa fracasó, el procedimiento sigue abierto porque el problema radica en la legislación empleada, no en la operación concreta. La Comisión insiste en que las fusiones bancarias son esenciales para la eficiencia del sistema financiero europeo y el avance de la Unión Bancaria.
