En concreto, entre 2025 y 2026 se mantiene la tendencia de quienes compensan el gasto reduciendo otras partidas del presupuesto, entorno al 26%. También aumenta el recurso del apoyo del entorno cercano, con los hogares que recurren a ayuda de familiares o amigos pasando del 5,5% al 8,5%, y disminuyen los hogares con capacidad de pagar únicamente con el salario el alquiler, pasando del 70% al 66%. Además, los inquilinos y propietarios se han visto obligados a recurrir a entidades financieras o a tirar de ahorros para poder afrontar los gastos.
La situación de ingresos refleja un escenario de vulnerabilidad para una parte de los hogares. Uno de cada ocho vive con 1.000 euros al mes o menos, un indicador que casi se duplica en solo tres años, al pasar del 6,7% en 2023 al 12,2% de 2026. Además, el 37,6% de los hogares no supera los 2.000 euros mensuales, mientras que solo un 18,3% declara ingresos por encima de 4.000 euros.
A esta realidad se suma la estructura económica del hogar. Un 34,3% de los hogares vive con una sola fuente de ingresos, lo que puede reducir la capacidad de respuesta ante subidas de costes o imprevistos. En términos de capacidad económica percibida, el 31,6% de los hogares se sitúa en una capacidad muy ajustada, frente a un 14,6% que se ubica en niveles de alta capacidad.
Por territorios, Baleares, Cataluña, Aragón, País Vasco o Madrid presentan mayores porcentajes de hogares con capacidad económica consolidada o alta. En cambio, Andalucía, Canarias, Murcia o Comunidad Valenciana registran más hogares en situación de tensión, reflejando una España económica con ciertas diferencias socioeconómicas.
La presión económica se traduce en una capacidad limitada para ahorrar a final de mes. El 24% de los hogares no ahorra nada, y un 32,4% ahorra menos del 10%. En paralelo, se consolida el papel del apoyo económico fuera del hogar, con una de cada siete familias reconociendo haber recibido apoyo económico externo en el último año (14,7%). Entre los hogares que reciben apoyo económico, casi la mitad lo utiliza para necesidades básicas (46,6%) como la alimentación y los suministros, y a continuación aparecen el alquiler o la hipoteca (23,5%).
Esta situación destaca, sobre todo, en Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia, que lideran los hogares que reciben ayuda económica, superando la media nacional. Así, la distribución territorial vuelve a reflejar que en algunas zonas la red familiar tiene un papel más relevante como soporte económico.
La falta de margen económico también se observa en la capacidad de respuesta ante gastos no previstos. Un 26% de los hogares no podría asumir un imprevisto de 5.000 euros, y el 11% ni siquiera podría afrontar uno de 1.000 euros. A esto se añade que un 7,2% tendría dificultades incluso ante un imprevisto de 500 euros, reflejando la fragilidad financiera extrema de una parte considerable de la población. En este contexto, Asturias, Cantabria y País Vasco lideran el porcentaje de hogares con capacidad de ahorro, por encima del 81%, mientras Canarias, Andalucía y Murcia cierran la clasificación con alrededor del 70%.
En el ámbito del consumo responsable, el Observatorio señala que las decisiones vinculadas a la sostenibilidad se ven condicionadas por el coste. En particular, el 56% de los hogares identifica el precio como la principal barrera para elegir opciones sostenibles en alimentación. Pese a ello, la disposición al cambio es mayoritaria, pues solo el 11,3% afirma no estar dispuesto a modificar hábitos de consumo para ser más sostenible. La mayoría se muestra abierta a hacerlo si existe un retorno económico, ya sea mediante ahorro a largo plazo (35,8%) o ahorro inmediato (21,2%).
