CEOE ha acogido este martes una jornada centrada en los problemas que enfrentan las empresas por el aumento de las bajas laborales. La patronal ha convocado en su sede de Madrid a los principales representantes de las autonomías más afectadas por esta coyuntura, de los principales sectores económicos y de las patronales ATA y Cepyme en una jornada en la que el presidente, Antonio Garamendi, ha demandado que Seguridad Social asuma el coste de los primeros 15 días de baja mientras siga sin plantear soluciones convincentes a las organizaciones empresariales.
Actualmente, las compañías privadas asumen la prestación desde el 4 al 15 día de incapacidad temporal, lo que representa un coste anual que ya supera los 17.000 millones de euros, según los últimos datos aportados por la patronal de las mutuas AMAT. El líder empresarial ha destacado que los procesos de corta duración son los que presentan menor incidencia y que por tanto, en todos ellos el coste recae íntegramente en la empresa. Por tanto, CEOE demanda que Seguridad Social asuma el pago tanto de la prestación como de las cotizaciones, que ahora asumen las compañías.
El problema está concentrado en las bajas por contingencias comunes, estas son las que cubren enfermedades o accidentes generados fuera del trabajo y de las horas destinadas a este, ámbito en el que los procesos por salud mental han registrado un gran incremento desde la pandemia, en especial en los profesionales más jóvenes. La normativa establece que durante los primeros tres días no se percibe prestación en estas bajas, por lo que el coste directo para las compañías privadas se concentra a partir del cuarto día.
Esta no es la única medida que ha planteado el dirigente empresarial, que considera que es necesario activar una serie de políticas mientras no se produzcan avances en el plano regulatorio que permitan contener este problema. Los agentes sociales tienen abierta una mesa de negociación desde hace más de un año y medio para abordar esta situación, sin embargo, tanto empresarios como sindicatos consideran insuficientes las propuestas elaboradas por el departamento de Elma Saiz, en una mesa que lleva meses sin reunirse pese a las quejas de las patronales.
Garamendi también ha demandado que se refuercen las plantillas de la sanidad pública y que se eleven los salarios de estos profesionales, así como que se concedan más competencias a las mutuas, como la capacidad de poder dar el alta en estas bajas temporales (una demanda que han llevado de forma reiterada a las mesas de negociación, sin éxito). Los empresarios también abogan por hacer más exámenes a las personas que se encuentren en un proceso, cada tres, seis y nueve meses.
Los empresarios también demandan que se les perdonen las cotizaciones de las personas que contraten para sustituir al personal de baja y también las de los trabajadores que tengan concedida la incapacidad temporal por contingencia común, cuando su proceso se extienda por más de 360 días, ya que las compañías tienen que abonar la cotización del trabajador hasta que se alcanza el día 545 de baja, cuando se suspende el contrato.
Sin embargo, la Seguridad Social se ha limitado a señalar que la mejora en la gestión de las bajas médicas y la recuperación de la salud de los trabajadores es un asunto capital para el Gobierno que, además, se está abordando en el diálogo social junto a sindicatos y empresarios, donde se han alcanzado importantes acuerdos, sostienen.
Garamendi ha reclamado también que se refuerce la plantilla de inspectores tanto en los servicios públicos de salud como en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que se hagan controles cada tres meses a partir del tercer mes de baja en lugar de al año, como sucede en la actualidad. En esa misma línea, el presidente de la patronal ha reclamado que se invierta más en sanidad y en sus profesionales.
