Para ello, ha dado cinco días a las partes para pronunciarse sobre la posible cuestión prejudicial.
El alto tribunal duda de que la medida, que podría beneficiar a entre 900.000 y 1,65 millones de personas, se ajuste al derecho europeo, al haberse aprobado de forma unilateral.
Entre sus principales objeciones, cuestiona que se concedan permisos de residencia generalizados —incluso a solicitantes de asilo— y que se eviten retornos obligatorios, lo que podría contradecir la normativa de la UE. También plantea si España puede adoptar esta decisión sin coordinación con otros países ni amparo en una norma de mayor rango.
Si finalmente se eleva la consulta, la regularización podría quedar paralizada hasta que el TJUE se pronuncie.
