También pide la imputación del antecesor de González al frente de la Benemérita, Leonardo Marcos, y del Director Adjunto Operativo de dicho cuerpo, Manuel Llamas. En el escrito, al que tuvo acceso este periódico, la acusación justifica sus peticiones tras confirmarse que la directora del Instituto Armado mantuvo, al menos, tres reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, quien presumía de tener control sobre ella y sobre la Fiscalía General del Estado.
De hecho, hay conversaciones entre Díez y distintas personas en las que aseguraba tener cierta ascendencia sobre la responsable política de la Guardia Civil y en las que llegó a afirmar que «era de su confianza».
Asimismo, el partido de la oposición sostiene que la cúpula de la Guardia Civil y, en concreto, Marcos y el DAO Llamas, ordenaron a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del cuerpo que se pusieran «de perfil» y no fueran «proactivos» en los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE. Lo hicieron en julio de 2024, de manera presencial en las instalaciones de la UCO y su principal interés, presuntamente, era intervenir en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que se juzgó en la Audiencia de Badajoz.
Los populares, en nombre de toda la acusación, presentaron esta petición después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional citase a declarar como testigos a la ex mano derecha de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y la fiscal Beatriz López Pesquera por sus reuniones con la bautizada como «fontanera» y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, y por reportar supuestamente el contenido de sus citas a García Ortiz.
Cabe recordar, además, que la jefa «política» de la Guardia Civil mintió, a los agentes de la UCO. Se reunió con ellos en mayo para trasladarles su conocimiento de la existencia de las presuntas cloacas, asegurándoles que no conocía «de nada» a Díez. Sin embargo, ambas se habían reunido un mes antes fuera del despacho oficial de González. La propia directora de la Guardia Civil admitió que Díez le solicitó en uno de sus encuentros la readmisión del comandante investigado en el «caso Koldo», Rubén Villalba, en el que la exmilitante buscó «trapos sucios» de compañeros suyos.
El PP también pone de relieve que esta alto cargo activó el 11 de mayo de 2025 el borrado automático de wasaps, una vez transcurran 24 horas, así como la eliminación de la conversación previa que habían mantenido ambas. «La destrucción dolosa de fuentes de prueba de fuentes de prueba contemporánea la apertura del expediente interno contra la UCO es, en sí misma, indicio adicional de relevancia», expone.
Al DAO se le implica en haber ocultado a la UCO, deliberadamente y durante 10 días, la nota de despacho del 29 de abril de 2025 en que se recogía la existencia de una «campaña para destruir la credibilidad de la UCO». La acción popular unificada pide al juez Pedraz que se les imputen delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional, revelación de secretos por funcionario público y pertenencia o cooperación con una organización criminal que sería la trama de Cerdán.
