Hacienda ya ha puesto en marcha la maquinaria técnica —previsiones macroeconómicas, objetivos de déficit y techo de gasto—, pero la verdadera batalla se libra en el Parlamento.
El principal obstáculo no es la elaboración de las cuentas, sino la capacidad de reunir una mayoría estable para aprobarlas. El Ejecutivo sigue dependiendo de una geometría parlamentaria cada vez más frágil, donde cada votación exige negociaciones múltiples y donde algunos socios han elevado el precio político de su apoyo. En particular, la incertidumbre sobre la posición de Junts vuelve a aparecer como un factor decisivo.
A favor del Gobierno juega la necesidad de ofrecer una imagen de estabilidad institucional y de cumplir con los compromisos fiscales adquiridos con Bruselas. Un nuevo fracaso presupuestario supondría prolongar la anomalía de gobernar con cuentas prorrogadas y alimentaría el discurso de una legislatura agotada. Además, en un contexto de desaceleración económica internacional y elevada incertidumbre geopolítica, disponer de unos presupuestos propios reforzaría la capacidad de gestión del Ejecutivo.
Sin embargo, la aritmética parlamentaria sigue siendo implacable. Cada concesión necesaria para atraer apoyos aumenta el coste político de la operación y dificulta la construcción de un proyecto coherente. El Gobierno puede presentar los Presupuestos en plazo, pero aprobarlos dependerá menos de la disciplina fiscal y más de la negociación política.
Técnicamente, el Ejecutivo está en condiciones de culminar el calendario presupuestario. Políticamente, en cambio, las posibilidades siguen siendo inciertas. La clave no estará en Hacienda, sino en los votos que logre reunir Pedro Sánchez en el Congreso.
En ese sentido, es bueno recordar que un fracaso presupuestario no provocaría una crisis inmediata, pero sí tendría consecuencias económicas y políticas relevantes.
La consecuencia más directa sería la prórroga automática de los presupuestos vigentes. El Estado seguiría funcionando, pagando nóminas, pensiones y servicios públicos, pero con menor capacidad para adaptar el gasto a las nuevas necesidades económicas.
Pero además, sin nuevos presupuestos, el Gobierno tendría más dificultades para poner en marcha:
• Nuevas inversiones públicas.
• Incrementos de gasto social.
• Reformas fiscales o sectoriales.
• Programas vinculados a vivienda, industria o transición energética.
La acción económica quedaría más limitada y dependería de decretos o modificaciones puntuales.
Y todo ello sin olvidar que los inversores suelen interpretar la incapacidad de aprobar unos presupuestos como una muestra de debilidad parlamentaria e incertidumbre política. Aunque España no perdería acceso a la financiación, podría aumentar la percepción de riesgo sobre la estabilidad de la legislatura.
Además, la Unión Europea exige el cumplimiento de objetivos de déficit y deuda. La ausencia de presupuestos dificultaría demostrar una estrategia fiscal clara para alcanzar esos compromisos, especialmente ahora que vuelven las reglas fiscales comunitarias.
El efecto económico dependería del momento del ciclo. En una economía que se desacelera, la falta de nuevas inversiones públicas puede restar impulso al crecimiento. Además, empresas y administraciones regionales suelen retrasar decisiones de inversión cuando aumenta la incertidumbre presupuestaria. Probablemente, eset ultimo sería el impacto más importante. Un nuevo fracaso presupuestario reforzaría la percepción de que el Gobierno carece de una mayoría estable y alimentaría el debate sobre la viabilidad de la legislatura.
Como se sabe, España puede funcionar durante un tiempo con presupuestos prorrogados sin sufrir un deterioro grave. Sin embargo, cuanto más se prolongue esa situación, mayor será la pérdida de capacidad para impulsar inversiones, acometer reformas y ofrecer certidumbre a empresas, ciudadanos y socios europeos. El coste principal sería, por tanto, de confianza y de capacidad de gestión más que de emergencia financiera inmediata.
