García Romero, mano derecha del ministro del Interior durante ocho meses en el año 2020, fue colocada por el Gobierno en SEPIDES, filial de la SEPI investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el contrato de la obra de demolición de baterías de coque de Avilés (Asturias), adjudicada por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por la constructora Erri Berri y Afesa Medio Ambiente.
Según la investigación de la UCO, la trama de Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández medió con altos cargos de SEPIDES para beneficiar en la licitación a Erri Berri, una compañía navarra próxima al empresario y socio de Santos Cerdán Antxon Alonso. Por estas gestiones, la trama se habría embolsado una mordida de unos 400.000 euros.
Hasta el momento, los investigadores han destapado las presuntas irregularidades cometidas por el presidente de la Mesa de Contratación del contrato, el ex Secretario General de SEPIDES Fernando Albert Aragón, quien mantuvo contactos con la trama durante el proceso de contratación. Pero la UCO apunta a la implicación de otros altos cargos en el expediente. Los investigadores están confeccionando varios informes que se traducirán en nuevas imputaciones en el caso. Para ello, están analizando la información recabada en los dispositivos de varios de los investigados, entre ellos el del propio Albert Aragón, así como la numerosa documentación que se incautaron en el registro de la sede de SEPIDES, practicado el pasado mes de diciembre.
En próximas fechas, la UCO entregará nuevos informes al juez Santiago Pedraz, que la pasada semana confirmó la imputación de más de una veintena de personas, buena parte de ellas altos cargos de empresas públicas. Entre ellas está la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, presuntamente implicada en el rescate irregular de Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros.
