El borrador contempla un mecanismo voluntario que permitirá financiar competencias singulares o no homogéneas mediante una cesión adicional de la recaudación del IVA, con un límite máximo del 90%.
Este sistema quedaría al margen de los 20.950 millones de euros adicionales previstos para financiar las competencias comunes de todas las autonomías. Según Hacienda, esa cantidad no incluye el coste de las competencias singulares, que podrían financiarse a través de una mayor participación en el IVA.
La medida podría beneficiar especialmente a Cataluña, que concentra el 43% de los recursos destinados a competencias no homogéneas. Si la Generalitat se acoge al nuevo mecanismo, podría superar los 4.686 millones de euros inicialmente previstos y convertirse en una de las comunidades más favorecidas por la reforma. Esta opción responde, además, a uno de los compromisos suscritos entre PSC-PSOE y ERC sobre financiación singular.
Otra novedad es que el mecanismo dejaría de tener carácter temporal. Mientras que inicialmente se planteó una revisión cada cinco años, el nuevo borrador establece que permanecerá vigente mientras dure el modelo de financiación.
Las competencias no homogéneas son aquellas transferidas solo a determinadas comunidades y no al conjunto del régimen común. Entre ellas figuran las políticas lingüísticas, los Mossos d’Esquadra, la gestión penitenciaria, determinados servicios de justicia y la gestión de parques nacionales.
Hasta ahora, estas competencias se financiaban mediante transferencias directas del Estado. La reforma ofrece dos alternativas: mantener ese sistema o sustituirlo por una mayor cesión de IVA ajustada al coste de los servicios transferidos. El porcentaje adicional se calculará según el valor de las competencias asumidas, con un tope del 90%.
La propuesta ha generado una amplia oposición territorial. Catorce de las quince comunidades autónomas de régimen común, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha, han mostrado su rechazo. Cataluña es, por ahora, la única que la respalda.
Los próximos debates tendrán lugar en el Comité Técnico Permanente de Evaluación y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aunque el Gobierno solo necesita el apoyo de una comunidad para aprobar la propuesta en este órgano, la reforma deberá superar posteriormente el trámite del Consejo de Ministros y obtener respaldo parlamentario en las Cortes Generales.
